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El Presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra (d), y el exlehendakari Juan José Ibarretxe (i), junto a los simpatizantes independentistas durante un corte de la AP-7 en Gerona.

Los transportistas denuncian ante la Fiscalía y Guardia Civil los cortes de carreteras en Cataluña

Las organizaciones representadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil los cortes de carreteras registrados en Cataluña desde el pasado 14 de octubre, a raíz de la sentencia del «procés» dictada por el Tribunal Supremo.

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Una de ellas, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), estudia dar un paso más y sopesa presentar una reclamación patrimonial contra la Generalitat de Cataluña y el Estado por no impedir los cortes.

Las organizaciones de transportistas que forman parte del CNTC han decidido presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de la Guardia Civil por la «gravedad» de los hechos y su impacto negativo en el sector, que «ha incurrido en notables pérdidas económicas y se ha sentido secuestrado por la acción violenta» de algunos grupos, ha señalado la CETM en un comunicado.

La CETM subraya la «aparente ausencia de consecuencias» para los responsables de los cortes, lo que, a su juicio, puede llevar a que se repitan.

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Por todo ello, la CETM se plantea «ir un paso más allá» y trabaja en la posibilidad de presentar una reclamación patrimonial contra la Generalitat de Cataluña y el Estado «por omisión de sus funciones en la preservación de la libre circulación de vehículos y mercancías, reconocido en el artículo 19 de la Constitución española».

La CETM calcula que esa reclamación patrimonial podría rondar los 150 millones de euros.

Su objetivo es que «todas las empresas de transporte que se han visto perjudicadas por el corte sistemático de las carreteras catalanas», especialmente la AP-7 -que une con Francia- «puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes».

El pasado 21 de noviembre, las organizaciones integradas en la CNTC decidieron, por unanimidad, impulsar acciones penales contra los responsables de los cortes de vías. 

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