Luis de Guindos, cada vez más cercado por el informe del FMI sobre Bankia

El exjefe del grupo de supervisión del Banco de España en Bankia José Antonio Gracia ha dicho este lunes en la Audiencia Nacional que les «extrañó» que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hiciese pública la «situación de vulnerabilidad» que afrontaba la entidad en abril de 2012, ya que sus informes tenían un «carácter general».

En calidad de testigo, Gracia, al frente del equipo del organismo en el grupo financiero entre septiembre de 2011 y abril de 2013, ha explicado que en dichos trabajos, el Fondo «no suele tocar problemas de entidades» sino que sus conclusiones son «sobre el sistema financiero»; sin embargo, en aquella ocasión, «en el preinforme, en una nota de prensa, se cita casi prácticamente a Bankia».

A preguntas de la Confederación General del Trabajo (CGT), sindicato que ejerce la acusación popular, el directivo se ha referido al polémico informe publicado por el FMI en 2012 sobre la situación de la banca española, crítico con Bankia.

A diferencia de otros años, las conclusiones del documento trascendieron antes de lo previsto, «por las circunstancias» y «a requerimiento del Gobierno», según un escrito de la Oficina de Evaluación Independiente -organismo vinculado al Fondo- aportado a la causa por la defensa del expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.

Un extremo que rechazó en sede judicial el exministro de Economía y actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, que en su testifical reiteró que el Ejecutivo jamás presionó a la institución para adelantar su opinión preliminar.

Sin embargo, aunque el letrado de Rato ha querido insistir en este aspecto, Gracia, que ha admitido que los datos de los que disponía el FMI fueron facilitados por el Banco de España y Economía, ha evitado entrar en el fondo del asunto.

También se ha pronunciado respecto a algunos de los temas más recurrentes en este juicio por la salida a Bolsa de Bankia, en el que la Fiscalía Anticorrupción pide penas de hasta cinco años de cárcel para los antiguos administradores de la entidad (Rodrigo Rato, José Luis Olivas, José Manuel Fernández Norniella y Francisco Verdú) por presunta estafa a inversores.

Delito al que se suma el de supuesta falsedad contable como solicitan en sus escritos las acusaciones populares y particulares, que elevan hasta los doce años de cárcel las penas para una treintena de exdirectivos de BFA-Bankia y el socio auditor.

Sobre la evolución del banco durante su época como jefe del grupo de supervisión, ha indicado que aunque a finales de 2011 existían ciertos recelos sobre las necesidades de saneamiento, el «auténtico problema» era la liquidez.

«Ya puedes solucionar el oro y el moro que si no tiene saneados los vencimientos minoristas las entidades mueren de inanición», ha apuntado a la sección cuarta de la sala de lo Penal, ante la que ha desfilado Javier Azcárate, integrante del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) en nombre del Banco de España.

Propuesto por el abogado del auditor de Deloitte Francisco Celma, Azcárate ha detallado cómo se tramitó la sanción de 10,4 millones -pendiente de recurso- impuesta por el ICAC a la firma por supuesta falta de independencia al compaginar la sociedad sus labores de auditoría en Bankia con trabajos de consultoría.

«Fue un expediente en el que intervino parte de los miembros del comité y había opiniones de todo tipo», ha destacado el técnico, que ha añadido que la resolución se refería «a dos partes», una de ellas por incumplimiento de las normas de auditoría.

El ICAC, ha relatado, detectó que el auditor debía haber puesto una salvedad porque «las cuentas no reflejaban la imagen fiel sobre la dotación para un acreditado» que, por su importancia, suponía un «déficit material» en los estados del grupo.

Advertencia que Azcárate entendió como un «error de hecho», tal como lo hizo saber al resto del comité, al que indicó que «no era claro que los trabajos realizados por Deloitte pudieran ser incompatibles, y que los argumentos que se utilizaban para la sanción eran muy poco sólidos».

La vista se retomará el miércoles con el representante del Tribunal de Cuentas en el Comité de Auditoría del ICAC, José Luis Cea.

Está por ver si declara el ex director general de Regulación del Banco de España, Julio Durán, después de que hayan renunciado a él todas las partes que le propusieron menos una.

Antes de dar por concluida la sesión, la presidenta del tribunal Ángela Murillo ha anunciado que la prueba pericial conjunta dará comienzo el 17 de junio dados los problemas a la hora de emplazar a los expertos.