Luis de Guindos, en el Congreso ¿Explicará la estafa de las preferentes de la CAM que vendió como responsable de Lehman Brothers?

Luis de Guindos, siendo presidente de Lehman Brothers en España, jugó un papel clave en la venta de las cuotas participativas de la CAM en 2008 que llevaron la ruina a más de 50.000 inversores minoristas que fueron estafados por la antigua caja de ahorros. Es, además, un caso atascado en la Audiencia Nacional.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, dará su versión este martes de la crisis financiera en el Congreso, El exbanquero de inversión, ahora ministro de Economía de Rajoy,  tene muchas explicaciones que dar, como su papel jugado en la crisis de Bankia o en la del Popular o su papel en el intento en su día de la venta de BMN al Popular.
Pero sin duda, porque supuso la ruina de 55.000 inversores minoristas, deberá da dar explicaciones, sobre su papel clave en la venta de cuotas participativas de la CAM en 2008.
Luis de Guindos dirigía en 2008 en España el banco de inversión Lehman Brothers que en entre otras muchas cosas se dedicó a vender las cuotas participativas de la CAM que con el tiempo se han demostrado que eran una auténtica estafa y que además se ofrecieron respladas con cuentas flasas de la entidad.
En 2008, la CAM ingresó un total de 292 millones de euros colocando entre inversores particulares estos productos, que eran vendidos como renta fija aunque en realidad eran de alto riesgo al estar ligada su rentabilidad a los beneficios de la entidad.
Aunque la crisis subprime ya había dado sus primeros avisos en 2007, con la quiebra del propio Lehaman Brotheres en 2008, la CAM inició la emisión de sus cuotas participativas, un producto parecido a las acciones ordinarias de la entidad, pero sin derecho a voto. Todo valía entonces para obtener liquidez, y Lehman Brothers Europa, con De Guindos a la cabeza, planeó 50 millones de estas cuotas, que derivarían en la recaudación de 292 millones de euros para la CAM.
De los dos millones cobrados por Lehman Brothers, 1,125 millones como su condición de entidad coordinadora global, otros 375.000 como comisión de asesoramiento y otros 500.000 euros por la comisión de colocación.

Cuentas falseadas

La CAM llegó a incluir las cuotas participativas como parte de la retribución de su propia plantilla. Se contempla «la posibilidad de sustituir parte de la retribución anual, fija o variable, por determinados productos, ha incluido la opción de recibir cuotas participativas. Esta opción es voluntaria por parte del empleado, con un máximo de 12.000,00 euros al año por empleado», indicaba la entidad financiera en 2009 a la CNMV.
La CAM quebró, tras ser rescatada con dinero público, para después entrar en el perímetro de Banco Sabadell. Los partícipes de estas cuotas perdieron toda su inversión, pero plantaron batalla en los juzgados, obteniendo una importante victoria, ya que Sabadell fue condenado como responsable civil a resarcir a los inversores.
El Lehman Brothers de De Guindos realizó las ventas de las cuotas participativas de la CAM, pese al falseamiento de las cuentas. No obstante, ninguno de los responsables de la entidad financiera ha acabado en el banquillo, ni siquiera el propio ministro de Economía, que se postula ahora para obtener una silla en el BCE.

Un caso que ha dado mil y una vuelta en los juzgados

La Audiencia Nacional, en un auto de los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio ordenó en octubre de 2016 a la jueza Lamela reabrir por segunda vez el caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que afectaron a unos 55.000 ahorradores.
En el folleto de la emisión para estas cuotas participativas se publicó la ‘Fairness Opinion’ -la valoración- que dio Lehman Brothers a este producto, que por supuesto, era muy positiva. El ahora titular de Economía fue el encargado en persona de presentar estas cuotas a los inversores en un encuentro en Alicante. El fin último de esta colocación era obtener financiación sin tener que cambiar los estatutos de las cajas de ahorro, por lo que no se perdía el peso político en la entidad. La CAM comunicó años después que las cuotas participativas tenían un valor cero y dejaron de cotizar en la Bolsa. Sus propietarios perdieron toda la inversión.
Tras el rescate, el Banco Sabadell, quien adquirió la CAM, aseguró que estas cuotas participativas nunca estuvieron en el perímetro de la entidad presidida por Josep Oliú, de hecho, la titularidad era de la Fundación de la CAM, quien no tenía liquidez suficiente para poder hacer frente al pago a los cuopartícipes. El Gobierno en el que Luis de Guindos es el ministro de Economía se ha desentendido totalmente de este letigio, tanto en esta como en la otra legislatura, ya que, según el propio Ejecutivo, no posee ningún tipo de participación en la entidad, pese a que fue el propio ministro quien ensalzaba estos productos tóxicos que se han convertido en una pesadilla para los tenedores.

El caso se reabre pro segunda vez en octubre de 2016

En el auto fechado en octubre de 2016, el tribunal, compuesto por los magistarados  Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, consideró «imprescindible» la práctica de nuevas pruebas, como la declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los pormenores de la información ofrecida al cliente. Aunque el propio Luis de Guindos, pese a su papel protagonista en esta operación, nunca ha sido llamado a declarar.
«Si efectivamente las cuotas acabaron al 99% en manos de minoristas debería investigarse si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la realidad de la operación», exponí el escrito de la Audiencia Nacional.
En autos anteriores, la juez Lamela,  titular del juzgado central de Instrucción numero 3, rechazó dicha prueba testifical, solicitada por varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el devenir de la causa.
E 30 de junio de 2016, la magistrada volvía sobreseer esta pieza separada del caso CAM -que había reabierto unos días antes la Audiencia Nacional- al estimar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas.

«Conductas no adecuadas»

En el auto de octubre de 2016, la sala estimaba los argumentos de los afectados, quienes alegaron que, pese a todo, cuando se tramitó dicha operación en el primer semestre de 2008, los directivos de la extinta caja, hoy integrada en Banco Sabadell, ya «incurrieron en prácticas atípicas y en conductas no adecuadas» que perjudicaron al inversor, como se desprende del peritaje del Banco de España presente en el sumario.
De igual modo, nego que se tratase de una «investigación prospectiva» máxime cuando algunos de los testigos, entre ellos un exconsejero y otros exempleados de la CAM, desvelaron posibles indicios de una actuación delictiva en la comercialización entre minoristas y jubilados de las cuotas.
El escrito también afea la conducta del Ministerio Fiscal, que señaló una supuesta falta de parcialidad por parte de uno de los integrantes de la sección tercera de la sala de lo Penal, a quien no se identificó. En este sentido, el tribunal, compuesto por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, rechazó dicha consideración por «extemporánea» ya que el fiscal «no hizo manifestación alguna» cuando conoció su composición.
Mientras los afectados acogieron con alegría esta decisión de la Audiencia Nacional porque suponía un «punto de inflexión» en la investigación y la depuración de responsabilidades por la «venta masiva de productos tóxicos», la jueza instructora no avanzó nada en el caso.
En abril de 2017, la juez Lamela volvió a rechzar el caso. Sin embargo, en junio de ese año, la Audiencia Nacional ordenaba por tercer vez reabrilo.

La Audiencia Nacional ordenó entonces tomar declaración como testigos a ocho empleados que comercializaron las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), ahora en manos del Banco Sabadell.

El objetivo es dilucidar si esta pieza, cuyo plazo de instrucción ha concluido, continúa abierta o bien es sobreseída definitivamente. En el auto conocido el 19 de junio, la sección tercera de la sala de lo Penal estima parcialmente los recursos interpuestos por varias acusaciones particulares contra la decisión de la juez Carmen Lamela, que el pasado abril archivó esta parte de la investigación por una cuestión de plazos procesales.

La juez Lamela alegó prescripción para cerrar el caso

En concreto, Lamela alegaba que una de las representaciones había remitido sus peticiones fuera del límite fijado por ley, circunstancia que ahora refuta la sala, que no obstante rechaza que se practique cualquier otra diligencia al margen de estas testificales al haber expirado el plazo de instrucción.
Se trata de la tercera vez que la sala acuerda retomar la causa, anteriormente sobreseída por la titular del juzgado central de Instrucción número 3 al valorar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007 y no aquellos de 2010 y 2011, supuestamente falseados por la antigua cúpula de la entidad.
Unas irregularidades, estas últimas, por las que están siendo enjuiciados ocho ex directivos de la CAM, entre ellos los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós -también investigados por las cuotas-, para quienes la Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel, por estafa continuada y falsedad contable, entre otros.
Según los magistrados, la sala no puede pronunciarse acerca de la adecuación del sobreseimiento y archivo de las actuaciones en la pieza separada en tanto que quedan por conocer los testimonios de casi una decena de asesores de la entidad, propuestos por las acusaciones con el objetivo de conocer cuál fue la información que realmente recibieron los compradores de este producto.

De Guindos, a salvo, por ahora

Lo último que se sabe de este caso, aún por resolver en los tribunales tras tres cierres del mismo y tras tres ordenes de reapertura por la propia Audiencia Nacional, es que la Fiscalía Anticorrupción mantiene los cargos contra siete miembros de la ex cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de «hacer trampas» en los estados contables de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones «sin lógica económica». Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas «cuentas falseadas» de forma «intencionada» consolidaron una situación de «tranquilidad» en el ejercicio siguiente que ocasionó un «daño innegable» tanto al mercado como a los inversores, quienes «no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada».