Más de 26.400 familias han sido desahuciadas por impago en el alquiler desde enero

Los desahucios en el alquiler suponen ya el 60% del total a cierre del tercer trimestre de 2017 y en plena burbuja de precios en este tipo de modelo inmobiliario, con incrementos del 10% en las principales ciudades.

Pese a las medidas que ha implantado el Gobierno para frenar los desahucios, de las que 88.000 familias en riesgo de exclusión se han beneficiado y han permitido evitar más de 27.800 desahucios y asignar más de 9.000 viviendas a los colectivos más desfavorecidos, la lacra de los desahucios continúa, pero con mayor fuerza en las viviendas de alquiler.

Según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales«, elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, publicado este miércoles, se han contabilizado un total de 11.581 lanzamientos hipotecarios entre julio y septiembre de este año. De este número, 6.969 corresponde a procedimientos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que 4.063 son ejecuciones hipotecarias. El resto 549 es debido a otras causas.

No obstante, desde enero, se han registrado un total de 26.467 procedimientos vinculados con los alquileres, mientras que 16.992 son de ejecuciones hipotecarias, según la misma estadística. Asimismo, la caída interanual es más pronunciada en los procesos vinculados con hipotecas, 18,7%, frente a los alquileres, que descienden un 4,2%, el mismo ritmo que se registraba a finales del pasado 2016 respecto al 2015.

En los últimos tres trimestres se han registrado caídas en el número de desahucios hipotecarios, mientras que han caído con fuerza en viviendas habituales, hasta un 60%. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, estos datos se deben a las medidas implementadas por el Ejecutivo.

No obstante, se están paralizando los desahucios debido a la histórica sentencia que tendrá que fallar el TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado. Y es que, a través de la misma, los bancos inician el proceso de lanzamiento y ejecución hipotecaria cuando se ha dejado de pagar la letra durante unos tres meses.

Según De Guindos, cerca de 51.000 hogares, en concreto 51.071, han podido reestructurar su hipoteca, según ha informado hoy el Ministerio de Economía en un comunicado, y la banca ha aceptado que 7.456 familias entregaran las llaves de su casa para saldar su deuda, lo que se conoce como dación en pago.

De Guindos achaca esta reducción en gran medida a las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo desde 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más afectados por la crisis y a la «vigorosa recuperación económica, caracterizada por una intensa creación de empleo«. El Código de Buenas Prácticas fue una de las medidas estrellas del ministro de Economía para frenar el drama de los desahucios a poco de llegar al Gobierno, pues se firmó en marzo de 2012 con la práctica totalidad de los bancos.

El Ejecutivo impulsó este código inicialmente durante dos años para las entidades firmantes, con el objetivo de dar solución a las familias con dificultades para pagar sus hipotecas por estar en paro o directamente sin ingresos.

Se establecieron tres opciones -renegociación de plazos y cuotas con las entidades o reestructuración de la deuda, quitas y dación en pago-, con periodos de carencia, amortización hasta 40 años, reducción del tipo de interés aplicable a euríbor más 0,25 puntos e incluso la posibilidad de permanecer en la vivienda mediante el pago de un alquiler reducido.

Se definió también el umbral de exclusión o condiciones para poder acogerse a estas medidas, pues se estableció que fuera primera y única vivienda y que todos los miembros de la familia carecieran de rentas derivadas del trabajo o actividades económicas.

Además, la cuota hipotecaria debía ser superior al 50 % de los ingresos netos percibida por el conjunto de los miembros de la unidad familiar, que debía carecer de bienes patrimoniales con los que hacer frente a la deuda.