Más de 3.000 sentencias contra la banca por la venta de viviendas sobre plano

La histórica sentencia del Tribunal Supremo sobre la responsabilidad de la banca en las fallidas ventas de viviendas sobre plano ha dado como resultado, hasta ahora, más de 3.000 sentencias favorables a los consumidores.
La batalla legal de los afectados por la compra de vivienda sobre plano no llegó a completarse acumula ya más de 3.000 sentencias judiciales contrarias a la banca, según ha recogido el bufete Spanish Legal Reclaims. La avalancha se ha precipitado debido a la sentencia del Supremo del pasado año, que obligaba a la banca a responder como responsable subsidiario.
El Supremo se apoyó en una ley de 1968 sobre la percepción de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas que establece la responsabilidad de las entidades financieras en caso de que la obra adquirida no llegue a término según lo acordado.
Según el informe del despacho, las resoluciones judiciales han permitido a los afectados recuperar el importe de los depósitos que pagaron a cuenta de una vivienda que no llegó a construirse -o se construyó fuera de plazo- por la quiebra de la promotora.
Esta firma especializada en la recuperación de estos depósitos ha indicado que la mayoría de sentencias favorables se han dictado en los juzgados de Madrid (35,17%), Andalucía (26,47%) y la Comunidad Valenciana (22,18%). En cuanto a la ubicación de las promociones inmobiliarias sin terminar, la mayoría están en Andalucía y la Comunidad Valenciana, si bien existen numerosos casos por el resto de la geografía española.

600.000 afectados perdieron sus depósitos por la quiebra de la promotora

Tras acumular años de pleitos, los afectados por esta derivada de la crisis económica recibieron un apoyo judicial clave en el año 2015. En diciembre de ese año, una sentencia del Tribunal Supremo sentó jurisprudencia dando luz verde a todos los afectados a recuperar el dinero. En su resolución, el alto tribunal dictaminó que las entidades bancarias en las que las promotoras ingresaban los depósitos de los compradores a cuenta del precio de la vivienda eran responsables de proteger este dinero. Todo ello, en base a la Ley 57/1968, hoy ya derogada, pero de aplicación en aquellos casos anteriores al 1 de enero de 2016.
Entre otros requisitos, esta ley obligaba a las entidades bancarias a exigir a la empresa promotora la constitución de un seguro o aval sobre las cantidades aportadas por los compradores sobre plano. También a que abrieran una cuenta especial, no vinculada a otras que el promotor pudiera tener en ese mismo banco, destinada solo a las cantidades entregadas por los compradores como parte del precio de la vivienda.
Aunque no hay cifras de organismos oficiales, según el informe se estima que podría haber más de 600.000 afectados que perdieron sus depósitos. De ellos, 360.000 serían españoles. El resto, básicamente de países europeos como Reino Unido o Alemania.
La firma legal acumula más de un centenar de casos ganados, lo que ha supuesto recuperar unos 8 millones de euros. SPANISH LEGAL RECLAIMS, con experiencia europea en la recuperación de estos depósitos, estima que la cantidad a recuperar por los afectados extranjeros ronda los 100.000 euros de media.
“Más del 90% de los casos consultados están solucionados favorable y definitivamente, y los afectados ya han recuperado su dinero”, explica el CEO de SLR, Luis Cuervo, quien apunta que “la demanda judicial es necesaria y, como era de esperar, los bancos están mayoritariamente recurriendo las primeras decisiones cuando éstas les son desfavorables”.