Más de 50 proyectos de renovables decaen al no lograr a tiempo el permiso ambiental

Alrededor de medio centenar de proyectos solares y eólicos que superan 1 gigavatio (GW) de potencia conjunta se quedarán por el camino después de que varias comunidades autónomas no hayan emitido dentro del plazo fijado por el Gobierno las declaraciones de impacto medioambiental necesarias para continuar con su desarrollo.

Según los datos recopilados por EFE, la mayoría de los expedientes no resueltos corresponden a Galicia y Cataluña, cuyos gobiernos autonómicos no han estudiado en tiempo y forma un total de 37 proyectos, con una capacidad conjunta de 959 megavatios (MW).

Otras comunidades como Murcia, Baleares o Canarias tampoco han resuelto todas las solicitudes de autorización ambiental dentro del plazo fijado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que estableció el 25 de enero como fecha límite después de haber prorrogado este plazo hasta en dos ocasiones por el retraso administrativo acumulado.

El Ministerio, por su parte, ha evaluado a tiempo los 201 proyectos que le correspondían, de los cuales 170 -cerca del 85 %- han obtenido la autorización favorable y 22 han sido rechazados, mientras que los 9 restantes se han archivado o cerrado.

COMUNIDADES CON MÁS RETRASO

En el caso de Galicia, la Xunta ha emitido en plazo 120 declaraciones, mientras que ha habido 20 proyectos con una capacidad conjunta de 417 MW que no se han podido tramitar en tiempo y forma y no seguirán adelante con su desarrollo.

En Cataluña, fuentes de la Generalitat confirmaron a EFE que de los 101 proyectos que salieron a información pública a partir de 2021, un total de 17 que suman 542 MW que no realizaron el trámite a tiempo y decaerán.

También ha quedado un volumen considerable de proyectos sin resolver en Murcia, hasta 11, donde el Gobierno de la región solo ha emitido declaraciones de impacto ambiental para 28 de los 39 proyectos que le correspondía analizar, según han explicado a EFE fuentes gubernamentales.

En Baleares, se han tramitado todos los expedientes recibidos a excepción de dos, que suman 52 MW y no han sido estudiados en tiempo y forma debido a que «los promotores que no han sido diligentes en su tramitación», según han explicado a EFE fuentes del gobierno balear.

Por su parte, Canarias ha resuelto 104 expedientes (70 favorables), pero no ha podido tramitar dos proyectos que suman 21 MW debido a que fueron recibidos fuera de plazo.

CUMPLIMIENTO GENERALIZADO

El resto de comunidades han cumplido de forma generalizada en tiempo y forma con la tramitación de todas las declaraciones de impacto ambiental, a excepción de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, que no han informado todavía del resultado final.

Destaca Andalucía, que ha tramitado cerca de 500 expedientes, con alrededor de 12.000 MW favorables, lo que supone un 25 % de la potencia renovable instalada a fecha de hoy en España.

Aragón ha tramitado 672 expedientes (autonómicos más ministeriales) que equivalen a 31.000 MW, de los cuales se han aprobado un total de 554, mientras que Castilla-La Mancha se han emitido a tiempo 106 declaraciones de impacto ambiental que sumaban 4.750 MW.

En Extremadura, los 148 proyectos (139 de competencia autonómica y nueve con competencias estatales) han sido aprobados, lo que supone incorporar 5.311 MW.

El País Vasco ha aprobado dos proyectos eólicos que suman 90 MW, mientras que Asturias también ha emitido declaraciones de impacto ambiental favorables a los cinco parques eólicos que tenía encima de la mesa, con una potencia conjunta de 98 MW.

El gobierno de Navarra ha resuelto 69 expedientes, 35 de ellos favorables, con una potencia conjunta cercana a los 1.400 MW.

La Rioja finalizó todas las tramitaciones durante el pasado noviembre, mientras que Cantabria también ha sido capaz de resolver todos los expedientes en tiempo y forma.

PRÓXIMOS «HITOS»

Tras la obtención de la declaración de impacto ambiental, los proyectos que han recibido el visto bueno de la administración contarán con un plazo máximo de 3 meses para cumplir el siguiente «hito» fijado por el Gobierno.

Concretamente, tienen tres meses para obtener la autorización administrativa previa y otros tres para conseguir la autorización administrativa de construcción.

Al igual que ha pasado con las declaraciones de impacto ambiental, las autorizaciones las otorgan tanto el Ministerio para aquellos proyectos que superan los 50 MW de potencia, como las comunidades autónomas para las instalaciones de menor capacidad.

Según han explicado este viernes a EFE fuentes del ministerio, se trata de trámites «sencillos», aunque dependiendo de los proyectos por el camino todavía deberán cumplirse requisitos, entre otros, de urbanismo, de las Confederaciones Hidrográficas o de Patrimonio.

En este sentido, pese a que descartan que se repita la acumulación administrativa registrada con la tramitación de las declaraciones de impacto ambiental, vaticinan que habrá proyectos que no puedan seguir adelante por incumplir algún requisito.

Tras conseguir ambas autorizaciones, los proyectos tendrán todavía que cumplir un «hito» más, el último: obtener la autorización de explotación definitiva en un plazo máximo de cinco años desde que se obtuvo el derecho de acceso y conexión.