Miguel Ángel Revilla pone en riesgo 400 empleos de Solvay

El Gobierno de Cantabria, presidido por Miguel Ángel Revilla, no ha aceptado una prórroga para que la planta de Solvay en Torrelavega pueda adaptarse a la normativa europea. Esta planta emplea a 400 personas y se quedará sin actividad el próximo 11 de diciembre. La compañía ha decidido suprimir 55 empleos.

El Ejecutivo de Revilla se basa en dos informes de los servicios jurídicos para impedir esta prórroga, por la que Solvay tendrá que acometer una reforma en su planta Barreda para dejar de usar la tecnología de celda de mercurio para la obtención de cloro. La empresa había pedido más tiempo, pero el Gobierno cántabro se ha puesto como fecha límite el 11 de diciembre, día en el que la fábrica tendrá que cerrar y solo volverá a abrir una vez acometido el cambio.

Solvay ha lamentado la decisión del gobierno cántabro de denegar una moratoria para mantener la fabricación de cloro en su planta de Barreda utilizando la tecnología de celda de mercurio, ya que «de facto» supone la paralización de la producción y la supresión de 55 empleos directos. Tras conocer la decisión del gobierno, la dirección de la factoría de Barreda (Cantabria) ha emplazado a los sindicatos a una reunión de urgencia para el próximo 4 de octubre, con el fin de analizar el futuro de estos trabajadores.

En declaraciones a Efe, el portavoz de Solvay, Luis Hervella, ha dicho que la empresa entiende «como un derecho» la ampliación más allá de diciembre para adecuar los procesos productivos a la normativa europea sobre el uso del mercurio, medida que sí han logrado otras factorías de distintos países.

Según ha informado el director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Palacio, la decisión contraria a la solicitud de la empresa de ampliar el plazo más allá de diciembre para adecuar los procesos productivos a la normativa europea se ha adoptado basándose en dos informes de los servicios jurídicos del Ejecutivo cántabro.

«Deberá parar la producción» antes del 11 de diciembre de 2017 en la planta de Barreda hasta que realice la «reconversión industrial» para poder reanudar la actividad con la nueva tecnología, ha asegurado la compañía. La planta da trabajo a 400 personas y cuyos empleos penden ahora de la decisión de Solvay.

«Este es un momento difícil, porque tenemos que resolver un asunto claramente en contra de nuestra voluntad«, ha destacado Palacio subrayando que el reglamento europeo prohíbe que se siga utilizando la tecnología de celda de mercurio a partir de diciembre de este año, por lo que la producción de cloro con este método en factoría del Besaya deberá concluir, como fecha tope, el 11 de diciembre.

El director general ha subrayado que aunque inicialmente el Gobierno cántabro contaba con dos informes favorables a la moratoria, elaborados por la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente, a la vista de las alegaciones presentadas, el Gobierno autonómico solicitó un informe a sus servicios jurídicos, que, en dos ocasiones, han concluido que «no cabe la ampliación del plazo solicitada por Solvay».

Miguel Ángel Palacio ha expresado su deseo de que Solvay y la empresa portuguesa CUF «tiren para adelante» y que, los cambios necesarios para eliminar el mercurio del proceso de producción de cloro no conlleven más que una «parada temporal«. Contra la denegación de la moratoria cabe recurso, según ha señalado Palacio, quien ha apuntado que la empresa ya conoce la decisión que le será notificada oficialmente «hoy o mañana».

Palacio ha añadido que el Gobierno de Cantabria no sabe cual será la decisión que adopte la empresa, porque ahora «lo están estudiando» y ha lamentado que el Ejecutivo se haya visto obligado a denegar la moratoria.

Preguntado por otras moratorias que se han concedido en Europa en la línea de la solicitada por Solvay, Miguel Ángel Palacio ha explicado que según los servicios jurídicos del Gobierno regional, a diferencia de la de la relativa a la planta del Besaya, «todas son anteriores» al nuevo reglamento europeo.

Éste prohíbe el uso del mercurio y el de sus compuestos en la producción de cloro-álcali cuando se utilice como electrodo a partir del 11 de diciembre de 2017. Y, preguntado por el caso concreto de la concesión en Suecia a una empresa productora de cloro de una moratoria similar a la que pide Solvay, Palacio ha declarado que «no ha sido posible» comprobar el contenido de la autorización o los datos técnicos en la que se basa porque, según ha destacado, «las administraciones europeas son más opacas que la españolas».