Montero intenta justificar la imposición de la ubicación de sedes a las empresas en España tras el pacto PSOE-Junts

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha señalado que las empresas tienen libertad para instalarse donde consideren y que el acuerdo con Junts «reforzará la vigilancia» para evitar «ingenierías fiscales» y que las sedes sociales estén donde se desarrolla la actividad principal de cada empresa. Lo cierto es que ningún partido, excepto Junts, había exigido la modificación de la ley de Sociedades de Capital. Los independentistas catalanes aseguran que el pacto con el PSOE incluye el compromiso de reformar, vía Consejo de Ministros, esa ley «para que las empresas puedan volver a Cataluña». Otra cosa será que esas empresas quieran volver visto el cariz radical que se está imponiendo en esa comunidad española con el beneplácito de Pedro Sánchez para agarrarse con uñas y dientes a la Moncloa.

En declaraciones a los medios, Montero ha subrayado que el Gobierno de España «no puede poner ningún tipo de traba a que las empresas se instalen donde consideren conveniente instalarse».

Montero habla de cumplir de ‘forma escrupulosa’ la ley para defender su pacto con Junts para cambiar la ley de Sociedades de Capital

«Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo (con Junts) es con la legalidad vigente (…) que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo», ha añadido preguntada por el acuerdo alcanzado ayer con Junts para sacar adelante los decretos.

Se refuerza que se vigile, ha añadido, y que se esté atento a que cuando el establecimiento principal de una empresa reside en un lugar «pues allí es donde tiene que llevar a cabo todas sus obligaciones, también las obligaciones tributarias».

Es refuerzo, ha añadido, se hará con cambios en la ley de Sociedades de Capital, que tiene como único objetivo la exigencia de Junts para que las compañías que se fueron por la deriva separatistas vuelvan a la fuerza a Cataluña.

Pero, ha concluido, «la libre instalación de empresas, una realidad de nuestro derecho comunitario, seguirá siéndolo», una afirmación muy contradictoria con el pacto PSOE-Junts.