Multa de 600.000 euros diarios a las Autonomías que impiden las gasolineras sin personal

En España hay hasta siete Comunidades Autónomas que han prohibido las gasolineras sin personal, pese a que el modelo prospera sin restricciones en país de Europa. Ahora Bruselas impone multas de hasta 600.000 euros a las regiones que han privado este negocio, como Canarias, País Vasco, o Castilla y León.

Las principales perjudicadas serán las gasolineras instaladas en estas comunidades, ya que aumentará la competencia en las mismas tras levantarse previsiblemente el veto. Repsol, por ejemplo, ha sido una de las más beligerantes contra este modelo de negocio y tuvo una contundente respuesta por parte del Ministerio de Energía, dirigido por Rafael Nadal. Según la petrolera dirigida por Jon Josu Imaz, el modelo sin personal afectaba a la seguridad. No obstante, Nadal afirmaba que una gasolinera sin trabajadores «tiene suficientes garantías de seguridad y generan competencia, beneficiando al consumidor final», en contra de las razones esgrimidas por las regiones que han procedido al veto.

El cambio de la legislación  indica que los precios de estas gasolineras suelen ser entre un 10% y un 5% más baratas que las de Repsol o Cepsa, cuyo negocio principal en estas estaciones no se concentra en los surtidores, sino también en las tiendas. De hecho, es el principal motivo por los cuales se han opuesto las distribuidoras de carburantes. En España existe un gran número de gasolineras con un solo dependiente, cuya única función es la de cobrar al consumidor no solo por la gasolina que llena el depósito, sino también por los productos que se consumen en las tiendas de estas gasolineras, que suponen un ingreso extra muy importante para las petroleras, como Repsol o BP.

Las gasolineras de Repsol, BP o Cepsa hacen su negocio con las tiendas, por eso exigen tener trabajadores

Las gasolineras sin personal es un negocio que se ha abierto camino en Europa, y copa en varios países el 60% de las estaciones. En España, la tendencia es justo a la inversa, con una proyección de tan sólo el 10% si finalmente se aprueba la prohibición de expandir el negocio, que solo está permitido en Cataluña, Galicia, La Rioja y Ceuta y Melilla. En el resto, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Navarra ya lo han vetado y en 2016 se sumaron Canarias, País Vasco y Castilla y León.

La excusa puesta por las petroleras y las regiones fue que debía haber al menos un trabajador por estación por motivos de seguridad. Sin embargo, en el último informe de Competencia sobre este asunto mostraba como países tienen al menos el 60% de los surtidores sin atención de personal. En Suecia, por ejemplo, se llega a ese 60%, en Dinamarca, al 65%, mientras que en Bélgica y Holanda rondan el 23%.

El modelo de las gasolineras sin personal, muy extendido en Europa, vetado en casi toda España

Sin embargo, en España no se llega ni al 5% del total. Siguiendo el razonamiento de petroleras, sindicatos, asociaciones de consumidores y políticos, el 60% de las estaciones de Suecia serían inseguras, o el 65% de las danesas, un argumento que no sostiene se mire por donde se mire, más cuando se beneficia al consumidor, al ser precios sensiblemente más bajos, una media de 0,1 euros por litro.

La presión de empresas, representantes de trabajadores y asociaciones de consumidores hizo que España fuera un país hostil para este negocio, que solo puede ser regulado por las Comunidades Autónomas. En concreto, el 77% de la población carece de estas rebajas en los precios, según estimaciones a partir de los datos del INE y las estadísticas de consumo de carburantes de automoción de Cores.

La asociación de consumidores Facua ha rechazado «frontalmente» esta nueva multa de Bruselas. A su juicio, la organización de consumidores advierte en un comunicado de la posible contradicción de una disposición de la Ley de Acompañamiento, aprobada en 2015, con una directiva europea sobre los servicios del mercado interior. Así, considera «inadmisible» sancionar con 600.000 euros diarios a las regiones que tienen recogidas en su normativa la protección a estas personas ante este tipo de negocios.

Las personas con discapacidad, afectadas según Facua

Según la UE, la disposición que se incluyó en la Ley de Acompañamiento de 2015 referente a la atención de personas con diversidad funcional puede ser contraria a una directiva comunitaria sobre los servicios del mercado interior.

Facua considera «indignante» el respaldo desde el Ejecutivo comunitario a un modelo de negocio que «atenta contra la protección de los derechos de los consumidores«, sobre todo aquellos que, por sus circunstancias físicas y/o personales, puedan encontrarse especialmente desprotegidos, impidiéndoles el acceso a servicios de carácter esencial.

La asociación de consumidores indica que la ausencia de personal genera, entre otras cosas, la imposibilidad de verificar que las cantidades de combustible surtidas son las adecuadas y que los surtidores funcionen correctamente, presentar una hoja de reclamaciones o solicitar una factura.

«Si la estación de servicio no tiene personal se vulnera la protección de las personas con algún grado de discapacidad física, que se ven discriminadas y obligadas a buscar alternativas de uso», insiste Facua, que asegura que estás gasolineras suponen también un gran riesgo contra la seguridad.