OHL niega cualquier irregularidad tras la investigación de Villar Mir y López Madrid en la Púnica

El grupo constructor OHL ha negado hoy cualquier irregularidad en los procesos de licitación y contratación en los que ha participado, y ha recalcado que todos ellos se han ejecutado «con la máxima transparencia» y «de acuerdo a la Ley y a las mejores prácticas de gobierno corporativo».

El juez del caso Púnica ha citado como investigados al expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y al exconsejero Javier López Madrid por la adjudicación de obras del metro de Madrid y del metro ligero de Boadilla del Monte (Madrid).

Fuentes de OHL han recordado que Villar Mir dejó la presidencia del grupo constructor en junio de 2016 y que en la actualidad no ocupa ningún puesto en la empresa.

Estas fuentes han recordado también que su yerno, Javier López Madrid, nunca ha ocupado cargos directivos en OHL y que dejó su puesto de consejero en mayo de 2017.

«Tolerancia cero» con la corrupción

Según las fuentes citadas, OHL «mantiene una política de tolerancia cero» con la corrupción y, desde su fundación, en 1911, «ningún directivo ni empleado del grupo ha sido nunca condenado por ningún supuesto de corrupción».

El consejo de administración de OHL -han señalado las fuentes de la empresa- «trabaja para asegurar que todos los empleados y directivos del grupo cumplan siempre, no sólo con la legislación aplicable y con las más exigentes prácticas de buen gobierno corporativo, sino también con su Código Ético y su Política Anticorrupción».

El auto del juez

En un auto, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón emplaza como investigadas a cinco personas, entre ellas Villar Mir, su yerno Javier López Madrid (exconsejero de OHL que ya prestó declaración en esta causa) y Jesús Trabada, ex consejero delegado de la empresa pública Madrid Infraestructuras del Transporte (Mintra), que adjudicó las obras del metro.

Los tres están ya siendo investigados en otra causa de corrupción, el caso Lezo, en concreto por la adjudicación a OHL de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid) que finalmente no se llegó a realizar.

En el escrito, el juez afirma que se produjo una presunta «adjudicación concertada de contratos desde la Comunidad de Madrid a las empresas de Juan Miguel Villar Mir», y añade que en una agenda intervenida a Granados se ha identificado a OHL como empresa que presuntamente donó dinero al Partido Popular de Madrid, unos hechos que se investigan en la pieza sobre la financiación irregular de esta formación.

El juez imputa a los investigados los delitos de prevaricación, malversación, fraude, cohecho, blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsificación.

Francisco Granados, en la diana

Entre otras cosas, el juez los cita en relación a adjudicaciones efectuadas por la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2004, cuando la presidía Francisco Granados, en las que se ha evidenciado, dice García-Castellón, «la existencia de tratos de corrupción, dirigidos a la adjudicación concertada de contratos públicos a favor de empresas amigas, previo pago de comisiones».

Estos contratos se refieren, dice el juez, a «la construcción de determinados tramos de líneas de metro y metro ligero» que fueron adjudicados desde Mintra «con la indiciaria participación y conocimiento de su consejero delegado Jesús Trabada».

Además de la concesión de las obras, los contratos adjudicados por Mintra incluían también la obligación del adjudicatario de pagar las inauguraciones y primeras piedras del metro.