OHL contraataca en México

La constructora y operadora de infraestructura OHL México anunció hoy inversiones este 2016 por unos 808 millones de dólares y varias demandas civiles y penales para hacer frente a la «campaña de desprestigio» por parte de la empresa Infraiber y tras la filtración de conversaciones.

En una multitudinaria conferencia de prensa, el director general de la filial de OHL, Sergio Hidalgo, expuso que la compañía padece una «campaña de desprestigio» fruto del «chantaje y la extorsión».

Señaló que el origen del problema es el litigio que mantiene desde 2013 con la empresa de tecnología aplicada Infraiber a raíz de un contrato que esta última vio cancelado en el Circuito Exterior Mexiquense (red de autopistas de pago construidas por el estado de México) para auditar el tráfico de las autopistas.

En este sentido, el director alegó que Infraiber amenazó con crear «un gran escándalo para perjudicar a la empresa» a principios de 2015, lo que desembocó en una denuncia penal por extorsión.

Este «chantaje» de Infraiber, que supuso también el envío de comunicados a dependencias gubernamentales e incluso la creación de una página web para airear las supuestas irregularidades de OHL, culminó en una demanda civil por daño moral a la firma de tecnología aplicada.

A este asunto, continuó Hidalgo, se le suman las grabaciones ilegales de conversaciones de representantes de OHL con altos funcionarios y magistrados, que provocaron la salida de uno de sus directivos, Pablo Wallentin, así como del secretario de Comunicaciones del Estado de México, Apolinar Mena.

Explicó que se han interpuesto hasta cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) por la filtración del audio.

OHL México se defendió hoy ante estas grabaciones afirmando que fueron «alteradas para modificar el sentido de las conversaciones» y se apoyó en el dictamen técnico de un perito de acústica forense.

En un solo audio, prosiguió el director, se identificaron hasta 13 modificaciones.

El representante de FTI Consulting, Eduardo Ortega, indicó que en las citadas grabaciones «la continuidad se ve rota», aunque no pudo confirmar si «se alteraron las voces», alegando que este informe no fue solicitado.

Para hacer frente a las críticas y dar seguridad a los inversores se realizaron, según Hidalgo, una serie de investigaciones en las que participaron más de 25 auditores de firmas como EY, KPMG o FTI Consulting.

Reiteró la transparencia de la compañía, apuntando que el procedimiento administrativo que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, después de «tres meses de ardua investigación», solo ha observado diferencias «en algunos criterios de contabilización».

En octubre, la CNBV informó del inicio de varios procedimientos sancionadores contra OHL México por, entre otros, considerar que esta debería haber contabilizado «bajo IFRS» (Normas Internacionales de Información Financiera) sus concesiones en este país con rentabilidad garantizada.

Hidalgo señaló que el criterio contable de la compañía es «correcto y ajustado a derecho» y así lo avalan las firmas Deloitte, EY, KPMG y PwC.

Sobre la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de España lleva a cabo ante presuntas irregularidades de la constructora española en sus concesiones, Hidalgo dijo que OHL México «no ha recibido ninguna notificación».

OHL se mostró abierta a colaborar con las autoridades y a reunirse con diputados y senadores que quieran consultar sobre el suceso.

A pesar de su complicada situación, que le ha llevado a perder cerca del 40 % de su valor bursátil, OHL México anunció hoy inversiones en 2016 por 15.000 millones de pesos (unos 807,7 millones de dólares) en proyectos como la construcción de la vía Atizapán-Atlacomulco y del Libramiento Elevado de Puebla.

Además, Hidalgo explicó que la compañía analiza participar en las licitaciones de Proyecto Viaducto La Raza-Indios Verdes y la construcción de 31 kilómetros de la autopista Tepic-San Blas.

«A pesar de la campaña de extorsión y chantaje, confiamos en la justicia y haremos valer nuestros derechos. Las inversiones requieren certeza jurídica y regulatoria. Deseamos que los delitos no queden impunes y que sus responsables sean juzgados y condenados», afirmó.

En tanto, «vamos a seguir invirtiendo en el país. Ese es nuestro compromiso», zanjó.