La compañía ferroviaria pública de Países Bajos (NS) ha afirmado este miércoles que mantendrá su contrato con el grupo español CAF pese a las críticas por su participación en la construcción y mantenimiento del tranvía que conecta Jerusalén Oeste con los asentamientos israelíes ilegales en la Cisjordania ocupada.
Los principales accionistas de la ferroviaria vasca son el propio gobierno autónomo, a través de la BBK, Instituto Vasco de Finanzas y Kutxabank, y los trabajadores mediante Cartera Social
NS ha recordado que la legislación europea sobre contratación pública no le «permite» excluir a una empresa por motivos éticos o morales, por lo que seguirá adelante con el contrato para el suministro de 60 nuevos trenes de doble piso, valorado en más de 600 millones de euros, y cuya entrada en servicio está prevista para 2029, con opción de ampliación futura del pedido.
«En este momento no es posible excluir a empresas por motivos morales. Solo se puede excluir a una empresa cuando existe una base u obligación legal para ello», ha explicado un portavoz de la compañía a la cadena pública RTL Z.
El mes pasado, varios partidos del Ayuntamiento de Ámsterdam cuestionaron la compra de nuevos tranvías fabricados por la firma vasca, pese a la presencia de la empresa en la base de datos de compañías vinculadas a actividades en los asentamientos israelíes elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR).
Según la ONU y numerosas oenegés, CAF consolida la ocupación israelí ilegal sobre los territorios palestinos
Según la ONU, CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) participa en la ampliación de la Línea Roja de Jerusalén, así como en la construcción de la Línea Verde, una infraestructura que conecta Jerusalén Oeste con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado.
Esa opinión comparten diversos expertos y oenegés, como Amnistía Internacional, el proyecto ferroviario consolida la ocupación israelí ilegal sobre los territorios palestinos e impide una solución política al conflicto.
Ya en enero de 2019, el comité de empresa de CAF -en el que están representados varios sindicatos- pidió a la compañía vasca retirarse de la licitación del Gobierno de Israel (a la que concurrió en consorcio con la constructora israelí Shapir) por considerar que iba en contra «de la legalidad internacional».
NS -propiedad del Estado neerlandés en su totalidad- recuerda que su licitación comenzó en 2020 y que la fabricación de los trenes ya está en marcha, y aseguró haber mantenido conversaciones con CAF -que cuenta entre sus accionistas con el Gobierno vasco- sobre la polémica, pero no ha revelado el contenido de esos contactos.
Las críticas contrastan además con el Código de Conducta para Proveedores aprobado por NS este año, que exige a toda su cadena de suministro respetar los derechos humanos y advierte de que las vulneraciones pueden dar lugar a la rescisión de contratos, sanciones o acciones legales.