Leche Pascual ha presentado este viernes un expediente de regulación de empleo (ERE) para las 80 personas que trabajan en su fábrica de Gurb (Barcelona), cuya adquisición por parte de Casa Tarradellas se anunció en abril, según ha informado la cooperativa de abogados Col.lectiu Ronda.
El inicio del procedimiento llega cerca de un mes antes de la fecha prevista para el cierre definitivo de la planta, fijado para el 31 de julio, cuando Casa Tarradellas asumirá la propiedad para destinar las instalaciones a la producción de mozzarella, ha indicado en un comunicado la cooperativa de abogados, que representa a una plantilla que no contaba con un comité de empresa.
Los trabajadores consideran que la decisión de iniciar un ERE «no está justificada», dado que «la planta ha logrado en el último ejercicio los mejores resultados de su historia en términos de producción y rendimiento», han señalado en un comunicado.
Leche Pascual ha esperado hasta ahora para abrir formalmente un proceso de negociación con la plantilla
También lamentan que la empresa haya «pospuesto cualquier negociación hasta pocas semanas antes del cierre» y «haber alimentado, sin ninguna concreción, las expectativas de una posible contratación por parte de Casa Tarradellas».
Los representantes de la plantilla sostienen que la compañía ha decidido «cerrar una fábrica que funciona» para trasladar la producción a otros centros, «especialmente a Burgos».
Ese «cambio de estrategia» se ha ido materializando en los últimos meses con el traslado de la actividad de tratado y envasado de leche destinada a marcas como Lidl y Llet Nostra hacia fábricas en Burgos, que también se ven como destinatarias de maquinaria y líneas productivas de la planta catalana, han asegurado.
«Después de casi un año desde que se tomó la decisión de vender la fábrica, Leche Pascual ha esperado hasta ahora para abrir formalmente un proceso de negociación con la plantilla, pese a nuestras peticiones e insistencia», ha señalado el Col.lectiu Ronda.
«La empresa ha intentado evitar durante meses la obligación legal de negociar colectivamente el futuro de la plantilla, mientras avanzaba en el desmantelamiento de la fábrica y dejaba a decenas de familias en una situación de incertidumbre absoluta», han sostenido los representantes de los trabajadores.
