Pimco y los fondos afectados por Banco Popular demandan a Saracho y PwC

Pimco, Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital, tenedores de deuda de alto riesgo de Banco Popular y que perdieron toda su inversión en la noche del 6 al 7 de junio, se han personado en la causa abierta contra los ex presidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho y PwC por falsedad societaria y administración desleal.
La demanda a la que se han sumado también señala a los ex consejos de administración de la entidad financiera. Estos fondos perdieron un total de 850 millones de euros, siendo Pimco uno de los más afectados. Los mismos fondos presentaron el pasado septiembre en la Audiencia Nacional un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Banco Popular, en el que se calcula que tenían invertidos 850 millones de euros.
Y ahora han decidido sumarse a las querellas que instruye el juzgado central n 4 por presuntos delitos de falsedad contable de estados financieros, fraude a inversores, manipulación del mercado y posible abuso de información privilegiada en Banco Popular.
El socio principal del bufete Quinn Emanuel -que representa a estos fondos-, Richard East, aclara en una nota que «los querellantes desean ser informados y colaborar en esta investigación para determinar la existencia de falsedades en el proceso».
El titular del juzgado central de instrucción 4, Fernando Andreu, acordó en su día la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016 y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.
El juez distingue dos etapas, la primera con Ron como presidente, periodo bajo el cual se investigaría la ampliación de capital por valor de 2.505 millones de euros, y la segunda, ya con Saracho al frente, en la que se ha habría producido una campaña de desprestigio con la publicación de noticias, hecho que podría constituir un delito de manipulación de mercado. Tras la resolución de la entidad, el Banco Popular fue vendido al Santander al precio de un euro.