La Policía francesa, detrás de Renault por posible trucaje de los motores

La justicia francesa ha registrado varias sedes del grupo automovilístico francés. El sindicato CGT informara de que agentes de la Dirección General de la Competencia, del Consumo y de la Represión del Fraude investigan los departamentos de «homologación y puesta a punto de los controles del motor». Según ese sindicato, las pesquisas podrían estar relacionadas con «las consecuencias del caso de los motores trucados de Volkswagen», informan los medios.

Los registros en Renault, informaron medios locales, tuvieron lugar en el centro de ingeniería de Lardy, el de tecnología de Guyancourt, la planta de Plessis-Robinson y su sede de Boulogne-Billancourt, todos en los alrededores de París.

Los agentes se incautaron de los ordenadores de varios responsables, siempre según el sindicato, ya que la dirección de Renault aún no se ha pronunciado públicamente sobre el caso, aunque se espera que difunda próximamente un comunicado.

Renault ha asegurado que no hay pruebas de «la presencia de un programa de trucaje» en sus vehículos, tras los primeros exámenes llevados a cabo por la Dirección General de la Energía y el Clima, dependiente del Ministerio de Ecología y Energía.

Al mismo tiempo, Renault confirmó en un comunicado que la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión del Fraude (DGCCRF) se personó en su sede social y en sus centros de Lardy y de Guyancort para «proceder a un complemento de investigación (…), que permita validar definitivamente los primeros elementos de análisis» de la comisión técnica independiente.

El comunicado es la primera reacción de Renault tras su desplome en la Bolsa de París (a las 13.40 sus acciones caían un 14 % tras haber llegado a bajar más de un 21 %), entre sospechas de un posible fraude en sus emisiones contaminantes similar al de Volkswagen.

El pasado septiembre se descubrió que el grupo alemán Volkswagen manipuló los programas informáticos de sus cientos de miles de sus automóviles diesel y gasolina, lo que ha desencadenado una ristra de procesos legales contra la compañía en distintos países en los que comercializa sus productos.

Tras ese escándalo, Renault anunció un plan de inversión de 50 millones de euros para reducir la diferencia entre las emisiones contaminantes de sus vehículos y su homologación en condiciones reales.