Bruselas, el Frob o el Santander: ¿Quién pagará el coste de las demandas contra el Popular?

La resolución de Banco Popular sí podría costar más de un euro a las arcas públicas. Si prosperasen las demandas contra el JUR y el Frob, los contribuyentes pagarán este «expolio».

De hecho, según el reglamento del MUR -el mecanismo de resolución- España está obligada a «reparar los daños causados a particulares y también a la entidad o el grupo objeto de resolución» si se han infringido las normas para aplicar las instrucciones de la Junta de Resolución», una cuestión que está entre las demandas interpuestas ante la Audiencia Nacional.

«En caso de responsabilidad no contractual, la Junta, de conformidad con los principios generales comunes a las legislaciones relativas a la responsabilidad de las autoridades públicas de los Estados miembros, reparará los daños causados por ella o por su personal en el ejercicio de sus funciones, en particular sus funciones de resolución, incluidos los actos y omisiones en apoyo de procedimientos de resolución en el extranjero», afirma el MUR en su reglamento.

«Cuando una autoridad nacional de resolución infrinja las normas del MUR al no utilizar las facultades que se le hayan conferido en virtud de la legislación nacional para aplicar las instrucciones de la Junta, es posible que el Estado miembro de que se trate esté obligado a reparar los daños causados a los particulares y también, en su caso, a la entidad o el grupo objeto de resolución, o a todo acreedor de cualquier parte de ese ente o ese grupo en cualquier Estado miembro, de conformidad con la jurisprudencia correspondiente», asegura el MUR en su reglamento.

Así, de properar las demandas interpuestas por despachos de abogados tanto nacionales, como Durán & Durán, o internacionales -como de EE UU o de Reino Unido-, donde se ha puesto de manifiesto las irregularidades en la resolución del Banco Popular, será un juez quien decida quién debe resarcir a los más de 305.000 accionistas y miles de bonistas por la liquidación de la entidad financiera.

En caso de las demandas por la ampliación de capital de 2016, así como las acusaciones que apuntan a Emilio Saracho y su consejo de administración por la inacción y sus sorprendentes e inquietantes declaraciones sobre la propia entidad será un juez de España quien se encargue de dilucidar los distintos casos. En estos casos, se exigiría que el Banco Santander fuera quien reembolse las cantidades. De hecho, la entidad financiera presidida por Ana Botín ya afirmó que había realizado provisiones ante las eventuales demandas.

Cabe recordar que para demandar al Banco Popular solo se dispone de dos meses, en virtud del reglamento de la UE. Por lo que quienes se aventuren a denunciar al Frob europeo y el español, y al mecanismo de resolución tendrán que presentar la demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE.