El PP veta la comparecencia de Herrera por la ‘trama eólica’ que salpica a Iberdrola

En declaraciones a la prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, los representantes de los cuatro grupos de la oposición han criticado lo que consideran como una actitud de bloqueo del PP, cuyo portavoz, Raúl de la Hoz, ha asegurado que su postura se basa en la necesidad de disponer de la querella y conocer los hechos para, después, tomar una decisión.

El socialista Luis Tudanca ha lamentado las «excusas peregrinas» del PP y de la Junta de Castilla y León para evitar que Herrera dé explicaciones en las Cortes, aunque ha reconocido que tiene la «sensación» de que finalmente el presidente «va a acabar» corrigiendo su posición, se «comerá sus propias palabras» y comparecerá en el Parlamento, «como ocurrió en el caso del Hospital de Burgos».

Tudanca ha añadido que si el PP mantiene esta indefinición será porque «algo tiene que ocultar y tiene algo de lo que avergonzarse», por lo que ha indicado que «si alguien tenía alguna esperanza en que el nuevo PP iba a ser diferente», con la llegada al liderazgo de Alfonso Fernández Mañueco, habrá comprobado que sigue siendo «opaco» y «tapa a los corruptos».

En opinión del dirigente socialista, Herrera «no puede escapar» porque «la ola cada vez va a ser más grande», aunque ha lamentado que en este tiempo se produce un «desgaste que perjudica al Gobierno», pero «lo más grave» es que también lo hace a Castilla y León.

Por su parte, el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha reprochado al PP que quiera «normalizar la corrupción» negando que hechos como los investigados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las eólicas puedan ser considerados como corrupción política o administrativa.

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra 21 personas por el caso de las eólicas en Castilla y León, entre las que figuran ex altos cargos de la autonomia, así como directivos de Iberdrola Renovables y de Collosa

En el caso del portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, ha lamentado que el «nuevo PP» de Alfonso Fernández Mañueco haya perdido la oportunidad de «desmarcarse del oscurantismo»: «a los inmovilistas, a los conservadores no se les puede mover, no quieren moverse, no quieren avanzar, quieren que siga todo igual», ha censurado.

El portavoz del Grupo Mixto y representante de IU-Equo, José Sarrión, ha apelado al «mecanismo supremo» de la movilización ciudadana con protestas en la calle para combatir la corrupción política, después de comprobar que el PP se opone a que Juan Vicente Herrera de explicaciones en las Cortes.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción se dirige contra 21 personas, entre ellas dos exaltos cargos de la Junta, como supuestos responsables de delitos de prevaricación, cohecho, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales, tras el pago de comisiones ilícitas para conseguir autorizaciones para la instalación de parques eólicos en la Comunidad.

Petición de información a Suiza y Mónaco

La Fiscalía Anticorrupción, que se ha querellado contra 21 personas por el caso de las eólicas en Castilla y León, sitúa al exviceconsejero de Economía Rafael Delgado en el eje de la trama, mientras espera el resultado de las comisiones rogatorias enviadas a Suiza y Mónaco por si hubiera más implicados.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha interpuesto una querella de la que se ocupará el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, según han informado a Efe fuentes judiciales.

En este caso se estudia la supuesta autoría de delitos continuados de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública vinculados con la tramitación de concesiones de parques o empresas eólicas.

La Fiscalía formula esta querella contra Delgado y veinte personas más -entre ellas empresarios y al menos otro excargo de la Junta-, así como aquellas «que lo largo de la instrucción aparecieran como responsables de los hechos» que se describen en su escrito, «por actuar concertadamente y de acuerdo» con el que fuera viceconsejero entre julio de 2003 y julio de 2007.

Implicación de Iberdrola Renovables

Además de Rafael Delgado, entre los acusados, además el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado, figuran entre otros altos cargos Alberto Esgueva y directivos de las empresas que construyeron los parques, como Iberdrola, con su división Iberdrola Renovables o Collosa, con comisiones que estarían en torno a los 80 millones de euros.

Considera el fiscal que esa actuación concertada pudo tener que ver con las resoluciones administrativas de autorización de parque eólicos, con la entrega de dádivas o promesas por el dictado de aquellas o para auxiliarle a ocultar o disfrutar las cantidades obtenidas por los delitos anteriores.

Además, la Fiscalía también espera recabar datos en este sentido del informe solicitado a la Unidad de Apoyo de AEAT en la Fiscalía Especial y de las diligencias que se lleven a cabo en la instrucción de la causa.

Al explicar en qué basa su querella, la Fiscalía contra la Corrupción se refiere a las diligencias abiertas en 2015 tras un «informe-denuncia» del Servicio Territorial de Valladolid de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).

Ese informe detectó hechos con «indicios de posibles delitos de prevaricación y cohecho en la concesión de autorizaciones administrativas» para instalar parques de energía eólicaen Castilla y León.

Desarrollo de parqies eólicos

Según el escrito, la Junta decidió favorecer una «importante entrada» de empresas de la Comunidad en las promotoras de parques eólicos, empeño del que se encargó Delgado, quien supuestamente «aprovechó la ocasión» para exigir a promotores a ceder o permitir participar a empresas locales en el proyecto con la «amenaza» de no lograr autorización si estas empresas locales no contaban con una participación que requería cerca del 40 por ciento.

También atribuye al exviceconsejero la actuaciones para «seleccionar y favorecer» a empresas pertenecientes a personas con las que tenía una «especial relación», con las que actuó para ello de forma concertada, con el fin de que les fuera transferida «una importante participación en parques cuya autorización había proyectado».

«Sin que en este momento conste que otros miembros de la Junta conocieran dichas circunstancias», matiza la querella.

El fiscal incluye una de las reglas de la instrucción número 2/2004, que supuestamente «permitió» al exviceconsejero «manipular» la tramitación de los expedientes de parques eólicos desde la Dirección General de Energía y Minas y controlar cuándo se debían tramitar los expedientes para las autorizaciones, «cumpliesen o no los requisitos», para obtener la autorización.

En la querella, de cincuenta folios, cita a los otros veintiún querellados y los delitos cuya supuesta comisión atribuye a cada uno de ellos.