Precios más altos y menos oferta en los alquileres, consecuencias del decreto ley de vivienda, según el sector

El fondo de inversión estadounidense Blackstone, uno de lo mayores propietarios de viviendas en España, con 25.000 millones de euros invertidos en el país, señala que la norma «discrimina sin razón» a los operadores profesionales del alquiler y limita «sus garantías como arrendadores».

El consultor jefe de Blackstone España, Claudio Boada, ha señalado que el real decreto es «muy restrictivo en comparación con los homólogos europeos» y ha añadido que va a suponer más tensión al alza de precios en el mercado y una reducción de la oferta.

En ese misma línea se ha manifestado el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, que opina que a corto y medio plazo producirá una subida de los precios del alquiler para las rentas más bajas y la retirada del mercado de algunos inmuebles.

El sector inmobiliario coincide en sus conclusiones: precios más altos para las rentas más bajas y menos inmuebles en oferta porque los propietarios los retirarán del mercado

El jefe de Estudios del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, ha comentado que las regulaciones que propone el decreto en vez de fomentar la oferta incentivarán al propietario a retirar vivienda del mercado.

Desde Fotocasa, lamentan que la norma no recoja incentivos fiscales para quienes alquilen a precios asequibles y echa en falta «medidas de más calado» para resolver el problema del acceso a la vivienda en alquiler en España.

En el segmento de los gestores sobre el alquiler, el presidente del portal Alquiler Seguro, Gustavo Rossi, ha calificado de «cortoplacista» el decreto y ha pedido que se reconsidere su aprobación y se trabaje en una «solución de consenso».

De convalidarse este real decreto, Rossi ha destacado que «en menos de tres meses los contratos de alquiler estarán sometidos a tres reglas distintas», algo que ha considerado «insostenible».

La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA) ha lamentado que se regule la vivienda libre en vez de resolver el problema con vivienda social o asequible.

La Agencia Negociadora de Alquiler apunta que sería «más productivo» que se hicieran medidas destinadas a mejorar la seguridad jurídica e incentivar la oferta.