El expresidente de la patronal del metal, a juicio por saqueo

La Audiencia de Barcelona juzga desde hoy al expresidente de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM), la patronal del metal, Antoni Marsal, que afronta once años de prisión acusado de adueñarse entre 2007 y 2012 de 772.000 euros de la entidad, la mitad de ellos fondos públicos destinados a cursos de formación.

Con el trámite de cuestiones previas se ha iniciado hoy en la Audiencia de Barcelona el juicio contra Marsal, el exdirector general de la patronal del Metal Ángel Hermosilla y la esposa de éste, así como dos trabajadoras y un asesor de la entidad.

El tribunal ha permitido a los acusados declarar en la fase final del juicio, que se prolongará durante varias semanas, por lo que en los próximos días está previsto sean interrogados los testigos y expongan sus conclusiones los peritos que analizaron el presunto desfalco.

La Fiscalía pide para Marsal once años de prisión, diez de inhabilitación y una multa de 16.500 euros, para Hermosilla una condena de nueve años y cuatro meses y, para los otros cuatro procesados, penas que oscilan entre dos años y ocho meses y cinco años y ocho meses.

El ministerio público sostiene en su escrito que, desde que accedió al cargo de presidente de la UPM, que no estaba remunerado, Marsal «puso un práctica un plan» con el que logró adueñarse de 772.773 euros, de los que 366.510 eran fondos públicos gestionados por la entidad, que de no utilizarse debían ser devueltos a la administración pública.

Según el ministerio público, una parte del desvío se materializó mediante facturas por servicios inexistentes que giraba a la Unión Patronal Metalúrgica una empresa dirigida y controlada por el propio Marsal, mecanismo con el que Hermosilla logró presuntamente apropiarse de otros 20.200 euros de la entidad.

Con el fin de «mantener su nivel de vida y de gasto» tras acceder a un cargo que no estaba remunerado, mantiene la Fiscalía, Marsal urdió un «plan para obtener dinero de la propia Patronal sin que tuvieran conocimiento de ello ni la Asamblea General ni la Junta Directiva».

De esa forma, el acusado decidió adueñarse de los fondos que la Patronal había obtenido en exceso y destinarlos a una sociedad suya, «y de manera indirecta a sí mismo en beneficio propio o de la empresa que dirigía y controlaba».

Paralelamente, Marsal se apropió presuntamente de otros 25.000 euros de la entidad, mediante una trasferencia de la que no informó ni a la Junta de Gobierno ni al Comité Ejecutivo de la Patronal, según el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público.

Marsal, añade el fiscal, concedió en 2009 un aumento de sueldo hasta 130.000 euros anuales al exdirector general de la Patronal, lo que suponía una subida de 20.000 euros que Hermosilla percibió mediante una factura a nombre de su esposa, la acusada Margarita S., en concepto de unos servicios formativos que ésta no había prestado.