Primer revés de la Corte Internacional de Arbitraje a Argentina por Abertis

La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) dispuso que, de forma cautelar, Argentina se abstenga de tomar decisión alguna respecto a la concesión de Grupo Concesionario Oeste (GCO), participada por la española Abertis, controla por ACS y Atlantia.

La medida del tribunal arbitral fue informada este lunes a los mercados en Argentina por GCO, empresa que el pasado jueves anunció su decisión de recurrir a la Corte Internacional de Arbitraje junto a Autopistas del Sol (Ausol, también participada por Abertis) en contra de la decisión del Gobierno argentino de solicitar a la Justicia la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas.

Según la nota remitida por GCO, la Corte «ha dictado una medida interina que hace saber al Poder Ejecutivo que debe abstenerse de solicitar o impulsar» cualquier «acción o demanda de nulidad o lesividad, o medida cautelar accesoria de dicha acción judicial ante los tribunales argentinos» en relación al contrato de concesión de GCO.

De acuerdo al comunicado enviado a la Comisión de Valores de Argentina, la medida adoptada por el tribunal arbitral «ya ha sido notificada a las partes del procedimiento y se dispuso que rija hasta el día 5 de noviembre» próximo.

El capital accionarial de GCO está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.

Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno argentino anunció el mes pasado su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de los contratos de concesión de las autopistas administradas por GCO y Ausol.

El Ejecutivo de Alberto Fernández alega que, en el marco de las renegociaciones de dichos contratos, el Gobierno de Macri reconoció en 2018 «sin ninguna justificación» una deuda bruta a favor de las empresas por 813,1 millones de dólares (540,2 millones de dólares en el caso de Ausol y 272,6 millones en el de GCO), que con los intereses ascendía a 1.161,3 millones de dólares.

También cuestiona que se «dolarizó» los contratos que antes estaban en pesos y se fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una «rentabilidad extraordinaria» a las compañías.

Además, objeta que se hayan prorrogado de «manera arbitraria» hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.