¿Protección al consumidor? la ley hipotecaria de De Guindos triplica los intereses de demora

¿Protección al consumidor? la ley hipotecaria de De Guindos triplica los intereses de demora

14 febrero, 2018
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Actualizado: 14 febrero, 2018 14:04
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El ministro de Economía, Luis de Guindos, vendió la nueva ley hipotecaria como una mayor protección para los consumidores. Vendió el hecho de que se ponían nuevos cotos a las cláusulas abusivas. Sin embargo, de lo dicho al escrito hay notables diferencias, como es el hecho que triplican los intereses en caso de impago.

La ley exigiría una mayor transparencia a los bancos y se ampliaron los meses de impago antes de iniciarse el desahucio. No obstante, hay numerosos puntos oscuros en esta nueva ley, según han denunciado diversas asociaciones de consumidores.

Con la reforma, el hipotecado afronta ahora un interés del 9% en caso de impago, muy superior al establecido por el Tribunal Supremo (2,8%) y disparado con respecto a la anterior normativa (3%). Todo ello aplicado al montante que falte por devolver a la entidad financiera que ha prestado el dinero. Estos intereses son incluso muy superiores a los de préstamos al consumo, cercanos al 7% actualmente, y en un momento en el que los tipos de interés están en mínimos históricos, con el euríbor en negativo. Éste índice es al que se referencian el 90% de los créditos personales para hipotecas.

De esta forma, la nueva ley de De Guindos pasa por alto las sentencias del mismísimo Tribunal Supremo y perjudica notablemente a los hipotecados en este aspecto, por lo que no se podría hablar de una ley de protección al consumidor, ni mucho menos.

Según la normativa de De Guindos, la banca podría instalar un interés de demora que triplica al actual: «No podrá superar tres veces el tipo legal», establece, y todo mientras en el mercado laboral hay más de tres millones de parados aún, y los sueldos de la gran mayoría de trabajadores son precarios y escasos. El regalo para la banca alcanzaría los 1.800 millones de euros, todo ello mientras el sector se enfrenta a los pagos por las cláusulas abusivas, demandadas ante Bruselas y por las cuales el Supremo ha tenido incluso que variar su criterio, como ha ocurrido con las cláusulas suelo.

De esta forma, con la normativa y siempre y cuando las entidades financieras eleven hasta el límite máximo los intereses de demora, los consumidores pasaran de pagar 1.400 millones de euros a abonar 3.250 millones. La ley superaría el primer trámite parlamentario, previsto para el próximo jueves, con el visto bueno de PP, PNV, CC, Nueva Canarias y Ciudadanos, votos suficientes para mantenerla ley.

Para el Ministerio de Economía, la nueva ley «reduce comisiones y refuerza la transparencia de los créditos inmobiliarios» con el objetivo de conseguir «créditos más equitativos y que aseguren un elevado nivel de protección a las personas que obtienen financiación».

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