El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dudado de la constitucionalidad de la enmienda del Congreso que obliga a Renfe a recuperar los antiguos criterios de puntualidad e indemnizaciones, que tendrían un sobrecoste de 42 millones de euros y conllevarían una subida de precios. Es decir, que el ministro socialista ya asume que Renfe continuará con sus retrasos e incidencias diarias y en vez de actuar en la raíz del problema, que tanto daño hace a los usuarios del tren, va directamente contra las indemnizaciones a las que tienen derecho los viajeros. Aunque en este caso, «muerto el perro, no se acabó la rabia«.
En un encuentro organizado en Madrid, ha asegurado que esta enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible no es viable, ya que Renfe compite con dos empresas que copan más del 35 % del mercado en las líneas rentables.
«Si impones el compromiso de puntualidad a una y te olvidas de las otras dos estás abocándola a no competir y restringiendo su derecho a competir y a fijar sus precios», ha agregado el ministro, que cree que esta regulación «tendrá las patas muy cortas».
Puente asume los graves incidentes en Renfe que provocan grandes retrasos en los trenes cifrando las indemnizaciones a los viajeros en 42 millones de euros
En este contexto, se está estudiando esta enmienda y su posible aplicación desde el punto de vista legal porque conllevaría una subida de precios y tendría un sobrecoste de 42 millones al año.
En este sentido, ha añadido que Renfe, que es una empresa pública y española, tiene que ser rentable en las líneas comerciales, y dar servicio con ello a las no rentables.
El pasado 1 de julio se modificaron los criterios de indemnización de impuntualidad de Renfe, que desde entonces devuelve el importe íntegro del billete de AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity cuando el retraso supera los 90 minutos (frente a los 30 minutos hasta entonces), y el 50 % con demoras de más de 60 minutos (15 minutos antes).
En 2023 la antigua política de indemnizaciones por retrasos le costó a Renfe 42 millones de euros, que habrían quedado en 12,5 millones de haberse aplicado la actual, según cálculos facilitados a EFE por fuentes próximas a la compañía.
Las nuevas indemnizaciones de la compañía pública situaron el compromiso de puntualidad al mismo nivel que el resto de los competidores de alta velocidad (Ouigo e Iryo).
