Rajoy acaba hoy con el bono social que Zapatero concedió a las familias numerosas

El PP, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, convalidará hoy el real decreto el nuevo mecanismo de financiación del bono social del que quedarán fuera las familias numerosas.
El Pleno del Congreso decidirá este martes si convalida o no el real decreto-ley que recoge el nuevo mecanismo de financiación del bono social y plantea otras medidas de protección para los consumidores vulnerables de energía eléctrica, pero, al mismo tiempo, deja fuera de esa medida a las familias numerosas que fueron incluidas, cosas de la paradoja, por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, cuando era presidente del Gobierno en 2009.
El real decreto-ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, se elaboró a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el sistema de financiación del bono social, un descuento del 25% en el recibo de la luz que se aplica a los consumidores más vulnerables, actualmente 2,4 millones de hogares. Además de las familias numerosas se benefician los clientes domésticos con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios; los pensionistas con prestaciones mínimas; y los hogares con todos sus integrantes se encuentren en situación de desempleo.
El real decreto-ley llega al Congreso, pero el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negociando con los grupos parlamentarios algunos aspectos clave para su desarrollo normativo, como los criterios para definir quiénes son consumidores vulnerables.

La renta del titular del punto de suministro, y no otras consideraciones, como las personas que viven en una mismo hogar, como las familias numerosas, será la que determine ahora quien tiene derecho al bono social eléctrico

A diferencia de lo que ocurre ahora, la intención es que las ayudas se modulen en función de la renta y vayan desde diferentes descuentos en la tarifa hasta el pago total de las facturas.
En principio, se contemplan cuatro tipos de consumidores: los ordinarios; dos clases de usuarios vulnerables, que tendrían distintos niveles de descuento en la tarifa regulada; y una categoría de consumidores especialmente vulnerables, atendidos por los servicios sociales, a los que no se podrá cortar la luz.
Y en el nivel de renta, es donde está el mayor problema y por el que pueden salir perjudicadas las familias numerosas. No es lo mismo una pareja sin hijos que otra con tres hijos y con los mismos ingresos netos de 40.000 euros al año. En el primer caso, la renta anual per cápita sería de 20.000 euros anuales, 1.666 euros mensuales. En el segundo caso, la renta per cápita sería de 8.000 euros por individuo, 666 euros mensuales, casi 40 euros menos que el Salario Mínimo Interprofesional. ¿No es, entonces, vulnerable el colectivo de las familias numerosas?
El coste de los impagos para evitar el corte de suministro será cofinanciado por las eléctricas a través del bono social.
Además, se ampliará de dos a cuatro meses el periodo de preaviso en el caso de los consumidores vulnerables.
Las compañías eléctricas estarán obligadas a comunicar la situación de impago a los consumidores y contactar con los servicios sociales para ver si entran en la categoría de «extremadamente vulnerables».
El bono social será costeado por todas las comercializadoras eléctricas y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ahora.
El Tribunal Supremo tumbó ese modelo de financiación por considerarlo discriminatorio.

Críticas de los consumidores

Para organizaciones de consumidores, como Facua, el real decreto-ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos que se convalida este martes no aporta ninguna medida que frene la pobreza energética. Se trata, denuncia la asociación, de una norma carente de compromisos que pospone a un futuro desarrollo reglamentario la redefinición del fallido bono social y los requisitos que deberán reunir los usuarios beneficiarios del mismo.
Ni siquiera la brutal subida de la luz este enero ha provocado cambios en el plan del Gobierno, critica Facua, que también considera de una grave irresponsabilidad que se posponga a la primavera la prohibición de los cortes de luz a familias sin recursos.
La asociación denuncia la opacidad con la que el Gobierno y el principal partido de la oposición vienen negociando las medidas y advierte de que no hay ninguna garantía de que el real decreto-ley siente las bases para «el principio del fin de la pobreza energética», como anunció el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, el pasado diciembre.

Sin diálogo con la sociedad civil

El real decreto-ley simplemente plantea que a partir de ahora sean todas las comercializadoras eléctricas las que financien el bono social. Y es que la norma sólo responde a la imposición planteada por la reciente sentencia del Supremo de modificar su sistema de financiación, critica Facua, que denuncia la negativa del Gobierno a dialogar sobre las características y destinatarios de esta tarifa con las organizaciones de la sociedad civil.

En materia de política energética, el Gobierno sólo negocia con las eléctricas y el PSOE, mientras el ministro de Energía, Álvaro Nadal, sigue negándose a recibir a los movimientos ciudadanos, denuncia Facua

El bono social representa un ridículo descuento ridículo del 25% en las facturas de un reducidísimo porcentaje de usuarios, señala la asociación, que muestra su preocupación ante la posibilidad de que el futuro bono social continúe sin representar una tarifa verdaderamente asequible orientada a las familias con pocos recursos económicos.
En relación a los cortes de luz, el real decreto-ley se limita a plantear que se prohibirán, en determinados casos, a través de un futuro desarrollo reglamentario, por lo que el Gobierno elude su capacidad de paralizarlos de manera inmediata. Al igual que con el bono social, la norma tampoco sienta las bases de qué nivel de pobreza debería sufrir el usuario para poder impedirse el corte de luz por impago.
Además, el real decreto-ley no deja claro si serán las eléctricas las que asuman los costes de las facturas impagadas por las familias protegidas por la prohibición de los cortes de luz o, como pretenden las compañías, se trasladará esta responsabilidad a ayuntamientos y comunidades autónomas.