Nadal, abierto a modificar los impuestos de la factura de la luz
El Ministerio de Energía, dirigido por Álvaro Nadal, se ha mostrado abierto a modificar la tributación de la factura eléctrica, pero al mismo tiempo ha indicado que habría que bajar o subir otras partes.
«Siempre se puede plantear la posibilidad de hacer un cambio tributario, en este caso de tributación indirecta, pero a cambio de qué, qué bajamos y qué subimos», se ha preguntado Nadal, quien ha incidido en que «las cuentas tienen que cuadrar».
«Como ministro de Energía me gustaría que hubiera la menor presión fiscal posible sobre los sectores energéticos», ha mantenido, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «diría que las cuentas tienen que cuadrar y los servicios públicos hay que pagarlos».
Por otro lado, ha sometido el reparto del coste del bono social a consulta pública después de que las eléctricas hayan llevado al Tribunal Supremo la financiación de esta ayuda equivalente al 25%, 40% y 100% de la factura de la luz, según el caso. Así, ha abierto el trámite de audiencia de la propuesta de orden que fijará el reparto de los costes del bono social entre las comercializadoras eléctricas, según ha publicado este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno dará diez días hábiles, a partir de mañana, a las comercializadoras eléctricas y otros afectados para poder realizar las alegaciones que estimen oportunas.
El Consejo de Ministros ha aprobado en octubre el real decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social eléctrico, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Tribunal Supremo.
No obstante, las eléctricas han recurrido el nuevo sistema de financiación con recursos contenciosos-administrativos contra el real decreto y la orden ministerial que entró en vigor el 6 de octubre. La normativa por la que se rige el nuevo bono social fue aprobada por el Congreso en enero.
Las eléctricas han logrado la victoria en el Supremo por el bono social
El real decreto fija los umbrales de renta para acceder a esos descuentos en la factura de la luz. Según la nueva normativa, el bono social será costeado por todas las comercializadoras y no únicamente por aquellas encargadas de la generación y distribución. No obstante, las eléctricas y comercializadoras exigen que se cargue el bono social a los Presupuestos del Estado. Según la nueva normativa, hay cerca de 2,5 millones de beneficiarios del bono social, cuyo coste es de 230 millones.
Se trataba de la tercera vez que las eléctricas llevan la financiación del bono social al Supremo, que ha obligado al Estado a devolver el dinero en las dos anteriores. Así, en 2012 se tuvieron que cargar más de 200 millones en la factura de la luz, mientras que en 2016, el dinero salió del superávit eléctrico, es decir, de los consumidores. El importe superaba al de 2012, ya que había más beneficiados de esta ayuda.
Nadal carga contra Zapatero por cargarse la política energética en dos años y medio
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado hoy que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «se cargó la política energética en dos años y medio» porque había que decir que España iba «a cumplir más que nadie con los objetivos de entonces del protocolo de Kioto».
Nadal ha insistido en que si se hubiera esperado diez años para instalar la energía fotovoltaica, España se habría ahorrado 10.000 millones de euros de la deuda actual y ha acusado al Gobierno socialista de haber supuesto que los costes iban a caer, pero no lo hicieron, lo que «generó un sobre coste enorme al conjunto del sistema».
Se creó un déficit de 30.000 millones
En un foro organizado por el diario Sur de Málaga, el ministro ha dicho que como «no se subieron los precios al mismo tiempo que los costes porque la presión social habría sido enorme se creó un déficit que fue acumulando una deuda de casi 30.000 millones de euros».
Por eso ahora el Gobierno es «tan estricto» y no se permite «ni un coste frívolo más», ha afirmado Nadal, quien ha mantenido que la reforma energética evitó una subida del 42 por ciento del precio final de la luz. Por otro lado, al ser preguntado por el impuesto finalista en la electricidad, el ministro ha afirmado que existe «en todos los países europeos» y que «no está para otra cosa que para pagar servicios públicos, como hospitales, universidades o colegios».