Sánchez Galán se autodeclara inocente en el caso Iberdrola-Villarejo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, no ha esperado a que termine ni siquiera la instrucción del caso Villarejo que afecta a la empresa para autodeclararse inocente. Asegura el principal ejecutivo de la primera eléctrica española que no hubo ninguna irregularidad en los contratos de la eléctrica con empresas vinculadas al ex comisario José Manuel Villarejo que investiga la Audiencia Nacional, un encargo de la filial de renovables de hace 17 años por un importe de 25.000 euros. Al menos, uno de esos delitos es obvio: el de cohecho, que no es otra cosa que contratar a un funcionario público en activo para determinados servicios o favores, tal y como ocurrió en 2004 con el comisario de Policía y sus empresas.

Durante la presentación ante analistas de los resultados semestrales de la compañía, Sánchez Galán ha recordado que en aquel momento una veintena de empresas españolas y algunas administraciones públicas «contrataron a una empresa de seguridad ilegal -Cenyt, vinculada a Villarejo-«.

En el caso de Iberdrola, el encargo realizado por su filial de renovables se centró en investigar a una empresa suiza con la que se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.

A finales de junio Sánchez Galán fue imputado por su relación con el excomisario junto a otras tres personas, el director general de negocios, Francisco Martínez Córcoles; el que fuera presidente de Iberdrola España Fernando Becker, y el ex jefe del Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.

Un mes más tarde, a comienzos de julio, el magistrado decidió la imputación como persona jurídica de Iberdrola Renovables por estos mismos hechos.

En ningún momento, ha indicado el presidente de la eléctrica, tuvo Iberdrola conocimiento de que dicha contratación fuera irregular, y cuando en 2018 comenzaron los procesos judiciales contra las empresas del ex comisario, Iberdrola encargó una investigación exhaustiva e independiente, lo que se conoce como «forensic», a PwC.

Además, pidió la opinión legal del bufete Baker & McKenzie, que ha confirmado que no hubo irregularidades y que todos los procedimientos de gobernanza han funcionado, y que a ningún directivo de la compañía se le puede achacar ninguna conducta reprochable.

El informe de Baker & McKenzie, incluido en la información enviada hoy con las cuentas del semestre, concluye que la compañía «no conocía ni pudo haber conocido que Villarejo era policía en activo al tiempo de su contratación», origen del presunto delito de cohecho.

Se contrató a Cenyt, prosigue el informe, en su calidad de empresa de prestigio en el campo de la inteligencia, y no hay indicios de que se haya obtenido información de forma ilícita con vulneración de derechos fundamentales.

Todos los departamentos de Iberdrola cumplieron con los estándares más altos de gobernanza, y su diligencia «excede la media observada en otras empresas cotizadas», añade el documento.

No obstante, admite que, aunque «en lo que al Grupo Iberdrola se refiere los hechos no pueden considerarse jurídicamente relevantes», sí puede haber un impacto reputacional.

En este sentido, Sánchez Galán ha asegurado que Iberdrola emprenderá «todas las acciones legales para defender la reputación de la empresa y defender los intereses de los accionistas». Quizás podría empezar con su dimisión.