Santander y sindicatos firmarán un acuerdo para evitar ajustes ‘traumáticos’ tras el fin de la absorción del Popular
El Banco Santander y los sindicatos tienen previsto firmar el miércoles un protocolo de empleo para evitar que, ante una futura reestructuración de la plantilla, se ejecuten medidas «traumáticas» para los trabajadores.
Fuentes sindicales han señalado a Efe que este protocolo marca unas líneas básicas de negociación y que es un marco «tranquilizador» para los trabajadores ante una posible reestructuración de la plantilla, que sitúan «posiblemente» a mediados de 2019, por la absorción del Banco Popular.
No obstante, han descartado que en la actualidad se baraje un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), y defienden que esta iniciativa marca las futuras líneas de negociación con los sindicatos.
El ERE de 2017
Banco Santander y los sindicatos cerraron el último Expediente de Regulación de Empleo en diciembre de 2017. En total se acordaron 1.100 despidos, un 30% menos de los previstos inicialmente.
Todos los despidos se realizaron en los servicios centrales de la entidad financiera. La entidad financiera cántabra y los sindicatos llegaron a un preacuerdo para rebajar el número de afectados desde los 1.585 a los 1.100, junto con las recolocaciones de los trabajadores de Banco Popular en otras empresas del grupo Santander.
El sindicato UGT cifró el ERE en el 3,1% de los 35.000 trabajadores que suman ambas entidades tras la compra del Popular por parte del Santander el pasado 7 de junio de 2017, horas después de su resolución por parte de las autoridades europeas. Los firmantes del acuerdo, UGT, CCOO, FITC y STS, que representan el 85,5% de la mesa negociadora, se muestraron satisfechos por el “significativo” recorte que suposieron las medidas recogidas en el mismo respecto a la propuesta inicial planteada por el Santander.
Esta rebaja se realizó en sucesivos acuerdos con los sindicatos. La primera fue hasta 1.200 y la última, con la firma del preacuerdo, alcanzó las 1.100 personas. Asimismo, las condiciones de esas bajas de 2017 fueron las mismas que sellaron Santander y los sindicatos durante el ERE en 2016.
El pacto alcanzado garantiza que los 1.100 empleos se recortarían de forma voluntaria y con indemnizaciones “atractivas”, ya que permitía prejubilaciones a partir de 55 años con el 80% del sueldo, siempre que se cuente con una antigüedad de al menos 15 años, y la salida de los mayores de 50 años con una indemnización también del 80% del sueldo, hasta un máximo de 380.000 euros. De lo contrario, el prejubilado recibirá una indemnización de una sola vez y una prima de 2.000 euros por cada trienio completo cumplido en el banco.
Para los mayores de 50 años con más de 15 de antigüedad, las salidas se producirían con una indemnización también del 80% del sueldo por 8 años, hasta un máximo de 380.000 euros, igualmente con 2.000 euros por trienio de antigüedad y una prima adicional que va entre 19.000 y 30.000 en función de los años dedicados al grupo.
Por debajo de los 50 años o si no se cumplían las condiciones de antigüedad mínima, la indemnización sería de 40 días por año de servicio con un máximo de 2 anualidades, con 2.000 euros más por trienio y primas de entre 4.000 y 30.000 euros según la antigüedad. Durante estas conversaciones, la entidad redujo más del 30% el recorte de empleos inicialmente previsto, al tiempo que se comprometió a recolocar a unas 575 personas en empresas del grupo Santander.
Banco Santander: “Las mejores condiciones de salida posibles”
El consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, aseguró entonces que ese acuerdo contemplaba “las mejores condiciones de salida posibles” para los empleados del banco, y recuerdaba que había sido suscrito “por una amplia mayoría de los representantes de los trabajadores”. Así lo aseguraba en una nota interna a la que ha tenido acceso Efe.
“Somos conscientes de la inquietud que puede estar ocasionando este proceso“, admitía Aboukhair, que también garantizó que todo se estaba realizando y se realizará de forma ejemplar, con absoluta transparencia y aplicando en todos los casos “criterios de meritocracia“.
Tras insistir en que las condiciones estaban «entre las mejores que se han ofrecido recientemente en el sector financiero español”, ese ejecutivo se comprometío a hacer “un nuevo esfuerzo” para recolocar a los afectados, como hicieron con los empleados que tuvieron que abandonar la entidad en 2016.
“La integración del Popular nos ha llevado a ser líderes de la banca en España y nos plantea un reto muy exigente y apasionante”, pero “también nos obliga a tomar decisiones difíciles”, como en este caso, afirmó entonces Aboukhair, una situación que se puede reproducir en 2019.