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Segundo recurso de las eléctricas contra el margen de comercialización

Segundo recurso de las eléctricas contra el margen de comercialización

26 enero, 2017
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Actualizado: 26 enero, 2017 10:27
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EDP se suma a Viesgo e interpone ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el real decreto que estableció la nueva metodología para calcular los márgenes de las comercializadoras.
Las comercializadoras encargadas de suministrar energía eléctrica a los clientes acogidos a la tarifa regulada plantan batalla judicial contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Hasta ahora, el Supremo ya ha admitido dos recursos contra la nueva normativa sobre los márgenes, el último se ha conocido este jueves y viene de la portuguesa EDP.
Esta normativa modificó la anterior metodología de cálculo de los costes de comercialización, aprobada mediante un Real Decreto en 2014, y que fue anulada, a través de tres sentencias, por el Tribunal Supremo, que obligó a modificarla. El pasado 17 de enerom el BOE publicaba que el Supremo había admitido otro recurso de Viesgo en contra del decreto del Ejecutivo.
El Gobierno calculó que el cambio en el margen de comercialización supondría una subida del recibo del 0,04%, unos 25 céntimos al año.
Unos doce millones de usuarios están acogidos a la tarifa regulada, denominada Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), mientras que otros 13 millones están en el mercado libre. Con la publicación en el BOE, se abre un plazo de nueve días para que puedan personarse los demandados.
La nueva metodología supondrá “una subida” de la luz, aunque dice que es “mínima” para los consumidores, que ya han tenido que hacer frente a un ascenso superior al 50% desde 2008, explicaba Íñigo Fernández de Vigo, portavoz del Ejecutivo.
Según Méndez de Vigo, este Real Decreto responde a una de las preocupaciones del Gobierno, que era “evitar que los costes de comercialización recaigan sobre los consumidores“.

 El portavoz del Gobierno ha destacado también que, con esta nueva metodología, el Ejecutivo espera “dar cumplimiento” a lo exigido por el Tribunal Supremo, que anuló el anterior Real Decreto, de 2014.
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