Septiembre, un mes clave para los intereses de accionistas y bonistas del Popular

La resolución del Banco Popular encara un septiembre clave en los tribunales que determinarán si admiten  a trámite o no las numerosas denuncias presentadas.La resolución del Banco Popular se enfrenta este septiembre a un mes clave en los tribunales, que en las próximas semanas deberán comunicar si admiten a trámite o rechazan los recursos de accionistas y tenedores de deuda de la entidad, que vieron esfumarse sus inversiones tras la resolución.

Aunque a nivel europeo los plazos, incluidas eventuales prórrogas por cuestión de distancia, han expirado, los interesados podrán recurrir ante la Audiencia Nacional hasta el viernes 1 de septiembre, dado el carácter inhábil del mes de agosto en la jurisdicción contencioso-administrativa, como establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

Este tribunal concentrará las miradas de unos afectados pendientes de que los magistrados decidan si aplican las medidas solicitadas por un grupo de inversores poco antes de la pausa estival, entre ellas la suspensión de la operación ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Una petición «cautelarísima» que la sala de vacaciones de la Audiencia Nacional, reunida de urgencia, rechazó aplicar no sin antes acordar la apertura de una pieza separada para estudiar posibles alternativas.

El papel del Frob, puesto en duda

Entre quienes impugnarán el papel del FROB este viernes se encuentra el despacho de abogados Navas & Cusí, cuyo socio-director, Juan Ignacio Navas, ha anunciado que solicitará la nulidad de una resolución que hizo que un banco «teóricamente solvente pasara de la noche a la mañana a valer un euro».

Navas se refiere a la compra, por un simbólico euro, del Popular por parte del Banco Santander, en la madrugada del 7 de junio, inmediatamente después de la intervención por parte de las autoridades europeas.

A esta vía ya han acudido no sólo pequeños accionistas sino grandes fortunas, como el magnate chileno Andrónico Luksic, propietario del grupo Luksic, cuya participación en el banco alcanza un 3,45 % del capital.

Siguiendo esta línea se personará en la Audiencia Nacional la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec), que el pasado 7 de agosto recurrió además ante Europa la operación impulsada por la Junta Única de Resolución (JUR), por causar una «indefensión flagrante» a unos inversores a quienes no reconoce su derecho a ser indemnizados.

El Banco Santander, «engala», según Adicade

Reproche que también hacen organizaciones como Adicae, que califica de «engaño» que el Banco Santander sólo ofrezca devolver el dinero a los clientes y empleados del Popular que invirtieron menos de 100.000 euros en la ampliación de capital del pasado verano, previa renuncia de éstos a emprender acciones legales.

Juzgados nacionales al margen, accionistas y tenedores del Popular han elevado sus pretensiones a Luxemburgo a la espera de que el más alto tribunal del área, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), se pronuncie sobre la resolución, especialmente después de que el panel de apelación se declarara no competente a ese respecto el pasado 19 de julio.

Desde entonces y hasta el 21 de agosto, dicho órgano, constituido en el marco para la recuperación y resolución de entidades de crédito con viabilidad crítica, ha inadmitido cada uno de los recursos estudiados.

34 casos están en marcha

En total, 34 casos iniciados a instancia tanto de accionistas como de bonistas del banco, algunos de los cuales no sólo reclamaban al Mecanismo Único de Resolución que dejara sin efecto la operación, sino también una compensación económica por el «justo valor» de la entidad.

Ante esta situación muchos han optado por trasladar sus peticiones desde la capital comunitaria al TJUE, que dada la avalancha de solicitudes y por razones de distancia, amplió diez días el plazo en virtud del artículo 60 del Reglamento.

De esta prórroga se han beneficiado los últimos accionistas representados por el bufete Rúa Abogados, que asesora a más de 3.000 afectados y que a partir de septiembre comenzará a interponer las primeras demandas civiles.

Si bien las fuentes consultadas por Efe inciden en la dificultad de cifrar el número de recursos presentados hasta la fecha, al menos 7.000 de los 300.000 inversores han buscado este agosto el amparo de la justicia comunitaria, «muy sensible a la normativa sobre transparencia» como señala Navas.

De momento, se desconoce la fecha en la que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional comenzará a estudiar los expedientes registrados desde el pasado junio, mes en el que se autorizó y comunicó la operación, aunque todo apunta a que el «goteo» ocurrido en los últimos meses continuará en las postrimerías de este agitado año judicial para la banca.