La patronal española de centros de datos, SpainDC, advierte de que será «imposible» que la gigafactoría española de inteligencia artificial (IA) impulsada por el Gobierno de Sánchez y financiada con fondos europeos cumpla el futuro real decreto del sector, aunque respalda la iniciativa y asegura que sería «una locura» oponerse a ella.
El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, reconoce, en una entrevista con EFE, que la asociación no conoce los parámetros de eficiencia y alerta de que la información de la que dispone apunta a que no se ajustarían a la futura norma.
«Parece que no se cumplen los parámetros», afirma Díaz, sin querer polemizar sobre una infraestructura que considera positiva para España y para la industria digital, y que tendría sede en Madrid y Tarragona.
La gigafactoría española, financiada parcialmente con fondos europeos, aspira a integrarse en la red de grandes infraestructuras de computación que impulsa la Unión Europea para competir con Estados Unidos y China en inteligencia artificial.
Según las cifras citadas por Díaz, el proyecto partirá de una potencia de unos 150 megavatios y podría alcanzar los 300 megavatios en el futuro.
La gigafactoria del Gobierno solo en baterías requeriría un espacio equivalente a 40 campos de fútbol, denuncia SpainDC
Para cumplir la normativa que se proyecta, solo en baterías para alimentar la instalación con energía renovable se requeriría un espacio equivalente a 40 campos de fútbol.
Aclara el El presidente de SpainDC que defenderá siempre el proyecto, aunque no comparte el procedimiento seguido para ponerlo en marcha.
Lamenta que la patronal no haya sido consultada para el proyecto, con lo que podría aportar, y cree que el consorcio debería haberse abierto a más empresas especializadas en centros de datos.
«Probablemente podríamos haber dado alguna idea para orientarlo de una manera diferente», enfatiza.
El proyecto de real decreto fija requisitos de eficiencia en el uso de la energía (PUE) y del agua (WUE) y exige que, al menos, el 80 % del consumo eléctrico de los centros de datos proceda de nueva generación renovable y cumpla criterios de adicionalidad y correlación horaria.
Según Díaz, un centro de datos no puede garantizar que genera dentro de la misma hora toda la electricidad renovable que consume, especialmente durante la noche o cuando las condiciones meteorológicas impiden producir energía solar o eólica.
Los cálculos del sector apuntan a que cumplir ambas condiciones obligaría a instalar entre ocho y diez veces la capacidad solicitada, mediante una combinación de plantas fotovoltaicas, parques eólicos y sistemas de almacenamiento.
No descarta ir a los tribunales si se aprueba el decreto tal cual
La patronal no descarta impugnar el decreto ante los tribunales si mantiene las exigencias actuales.
Díaz cree que su aprobación en esos términos supondría una «debacle para la industria» y avisa de que cambiar las condiciones con proyectos ya en marcha deterioraría la seguridad jurídica. «No se cambian las reglas en el descanso», ha concluido.
Subraya que los requisitos de eficiencia energética pueden negociarse si se aplican gradualmente, pero cree inviables las exigencias sobre el origen de la energía. «Las dos cosas aisladamente son graves; juntas son imposibles», zanja.
SpainDC calcula que, a día de hoy, empresas podrían abandonar inversiones en España por más de 9.000 millones de euros si el real decreto se aprueba en los términos actuales, aunque advierte de que el impacto final será muy superior.
La asociación recibe, según su presidente, consultas diarias de operadores y fondos de inversión preocupados por el cambio regulatorio, pero mantiene por ahora esa cifra porque corresponde a proyectos cuya posible retirada ha sido comunicada expresamente.
El sector estima que España podría movilizar cerca de 67.000 millones de euros hasta 2030 para desplegar entre tres y cuatro gigavatios de capacidad de cómputo.
