El Supremo abre la puerta a conceder 10.000 licencias VTC a Uber y Cabify

El Tribunal Supremo ha concedido 80 licencias VTC de vehículos con conductor que habían sido denegadas en 2014 por la Comunidad de Madrid, sin entrar «en la legalidad o no» de la Ley de Transporte Terrestre de 2015, ya que estas licencias se pidieron con anterioridad.

En dos sentencias, la Sala Tercera de lo contencioso administrativo estima los recursos presentados por Jojucar y Gran Vía Rent a Car contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaba las peticiones de licencias de ambas empresas; Jojucar recibirá 60 licencias y Gran Vía, 20.

En ambas sentencias, el Supremo subraya que en sus resoluciones «no entra en la legalidad o no del Real Decreto de 2015 que establece el actual reglamento de la Ley del Transporte Terrestre, ya que las solicitudes examinadas se presentaron con anterioridad a su aprobación».

Por la fecha de presentación de las solicitudes, en 2014, lo que había que aclarar era si la petición podía ser denegada por aplicación directa de la ley de Ordenación de Transporte Terrestre, que es de 2013, o por el reglamento que la desarrolla, que es de 2015, y concluye que «no cabía dicha denegación».

El conflicto que enfrenta a los taxistas con las empresas de vehículos con conductor como Uber, Cabify o Unauto tiene abiertos otros frentes judiciales, ya que el pasado 28 de septiembre la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) presentó un escrito ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo para que observara la normativa vigente sobre limitación de concesiones de nuevas VTC.

Los taxistas recordaban entonces que la normativa vigente, mediante real decreto de 20 de noviembre de 2015, «limita la concesión de nuevas VTC» por las comunidades autónomas, si en sus ámbitos territoriales «observan un desequilibrio» entre taxis y VTC por existir una proporción entre ambos vehículos superior a 1 VTC por cada 30 taxis.

Ahí radica la importancia de las sentencias del Supremo conocidas hoy, que podrían suponer el inicio de una cascada de concesiones de licencias VTC. En el contencioso también ha participado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en julio presentó ante el Supremo una demanda en la que pedía la nulidad de varios preceptos de la norma que regula la actividad de las empresas de alquiler de vehículos con conductor (VTC) por imponer requisitos «desproporcionados». Posteriormente, el Tribunal reconoció la legitimidad de Uber, Cabify y Unauto, asociación mayoritaria del sector, a personarse en este recurso. Efe