El Supremo cambiará su doctrina para aplicar la sentencia de las cláusulas suelo

El Supremo tendrá que cambiar su doctrina tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre las cláusulas abusivas, que condenó a los bancos a devolver el dinero cobrado de más a los clientes.
El Supremo, en su conocida sentencia de mayo de 2013, afirmó que no había lugar a aplicar la retroactividad por las cláusulas suelo, pero el TJUE le corrigió asegurando que el abuso de la banca se produjo desde el momento de la firma del contrato hipotecario. Ahora, la Sala de lo Civil del Supremo estudia dos recursos del BBVA y Caja Rural Teruel sobre este asunto, una vez conocida ya la sentencia del TJUE.
Asimismo, un recurso adicional crearía jurisprudencia, por lo que la banca tendría que seguir las directrices del Alto Tribunal. La sala de lo Civil, presidida por el juez Francisco Marín Castán, abordará dos recursos del BBVA y Caja Rural Teruel en una vista en la que se espera que el alto tribunal ajuste su anterior doctrina, establecida en mayo de 2013, y reconozca la retroactividad exigida desde Europa.
«Ya no se debe jugar con cláusulas suelo buenas y malas«, ha afirmado el presidente de Adicae Manuel Pardos en alusión al «concepto abstracto» por el que el Supremo limitó el derecho a recuperar las cuantías sólo cuando el cliente suscribiera un contrato sin recibir la información suficiente.
El 9 de mayo de 2013, el Alto Tribunal declaró la nulidad de las cláusulas suelo en caso de vicio en el consentimiento; un éxito parcial para los afectados pues sólo obligaba a la banca a reparar el daño a partir del día en el que fue dictado el veredicto. Ahora, más de tres años después y tras el toque de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el Supremo deberá dilucidar cuáles son los criterios básicos de aplicación del fallo comunitario, adoptado ya por algunos juzgados de primera instancia.
Para Pardos, de no aclararse la doctrina vigente, las entidades «podrán seguir jugando para ganar tiempo«, si bien reconoce el compromiso de los bancos con los particulares, algunos de los cuales ya han solicitado su dinero a través de mecanismos alternativos como el puesto en marcha por Bankia o BMN, ambas entidades controladas por el Estado, mientras que otras, como el Banco Sabadell se han negado sistemáticamente a devolver el dinero, e incluyen en sus contratos dichas cláusulas.
En este sentido, los consumidores piden que los magistrados no acoten el control de transparencia a la cantidad de información recibida, sino que consideren la estructura del producto, el desequilibrio en el reparto del riesgo y el grado de comprensión del cliente, algo que, estiman, no se ha cumplido hasta la fecha.
Pero la vista, la primera desde que el pasado abril el tribunal acordó suspender la revisión de recursos hasta el veredicto del TJUE, podría suponer también un punto de inflexión para procedimientos con sentencias firmes en las que no se reconoció la total retroactividad.
Desde Adicae consideran que todos los usuarios que no pudieron beneficiarse de la caída del euríbor debido a las condiciones abusivas de su contrato hipotecario «tienen derecho a reclamar», incluido colectivos como los autónomos y profesionales.
Encarecer hipotecas, el argumento de algunos bancos por la sentencia del TJUE. No obstante, Santander ha bajado el precio de las hipotecas
A la espera de la resolución, los promotores acusan al TJUE de «hostigar» a los bancos y de provocar un encarecimiento de las hipotecas, mientras que una de las partes personadas en los recursos que se analizarán mañana, BBVA, ha manifestado que devolverá el dinero lo antes posible, siempre tras la sentencia.
Por su parte, el Boletín Oficial del Estado ya recoge el acuerdo de convalidación del decreto aprobado por el Gobierno el pasado enero y que establecía una medida extrajudicial, obligatoria para todas las entidades cuando así lo solicite el consumidor.
A pesar de su optimismo, los afectados mantienen la cautela y aunque alaban la «valentía» de los jueces que ya han adoptado los criterios del TJUE recuerdan que hasta que el Supremo no se posicione, la legislación española continuará invariable.