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El Supremo deja en el aire la privatización de ATLL que adjudicó Artur Mas a Acciona

El Supremo deja en el aire la privatización de ATLL que adjudicó Artur Mas a Acciona

21 febrero, 2018
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Actualizado: 21 febrero, 2018 17:46
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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Generalitat y ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulo el procedimiento de adjudicación de la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ha confirmado el Alto Tribunal.

La decisión deja en el aire la mayor privatización llevada a cabo por la Generalitat, que a finales de 2012, pocos antes de las elecciones autonómicas adelantadas por Artur Mas, adjudicó la gestión de ATLL a un consorcio liderado por Acciona y por BTG Pactual, que también fueron acusados por Anticorrupción de irregularidades en la gestión de ATLL

En junio de 2015, el TSJC anuló ese procedimiento por considerar que vulneró «los principios de publicidad, concurrencia e igualdad», una decisión contra la que presentaron recurso tanto la Generalitat como Acciona y que hoy ha confirmado el Supremo.

El Supremo ratifica la sentencia del TSJC que considera que esta adjudicación de Artur Mas a Acciona vulneró»los principios de publicidad, concurrencia e igualdad»

El fallo también genera un problema para las finanzas de la Generalitat, puesto que se apuntó contablemente los 1.000 millones de euros previstos en los 50 años de vida de esta concesión para reducir el déficit publico del año 2012.

En la sentencia, el Supremo también desestima el recurso presentado por Agbar, la otra empresa que aspiraba a gestionar esta empresa pública y que solicitaba la exclusión de Acciona del proceso.

La resolución del Supremo pone fin a un litigio que se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat adjudicó la gestión de ATLL al consorcio liderado por Acciona, lo que llevó a Agbar a remitir el caso al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), dependiente del propio Govern, que le dio en parte la razón y excluyó a Acciona del procedimiento.

La sentencia del Supremo señala que aunque aquella resolución del OARCC «no pronunciara la nulidad de la adjudicación, ésta es una consecuencia inseparable de su decisión de excluir la oferta de Acciona-BTG Pactual».

«No parece necesario mucho esfuerzo para explicar que no puede pervivir una adjudicación hecha a quien no la podía recibir», sostiene el Supremo, que confirma así la sentencia del TSJC, que en junio de 2015 declaró nulo todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para adjudicar la gestión de esa empresa pública.

«Es perfectamente posible acoger en parte el recurso de la Generalitat, anular la exclusión de la oferta de Acciona-BTG Pactual y mantener la nulidad de la adjudicación del contrato», asegura el Supremo, avalando así la sentencia del TSJC.

1.000 millones de euros por una concesión de 50 años

Aigües Ter-Llobregat es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua «en alta» (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana, por lo que suministra a unos 4,5 millones de personas, lo que da una idea de la importancia de la privatización.

La Generalitat, necesitada de fondos para reducir su déficit público, sacó a concurso la gestión de esta empresa por un período de 50 años e hizo la adjudicación días antes de la celebración de las elecciones autonómicas.

Al proceso se presentaron dos ofertas, las lideradas por Acciona y Agbar. El Govern valoró con más puntos la opción de Acciona y acabó adjudicando la gestión a un consorcio en el que también participaba el banco de inversión brasileño BTG Pactual (con un 39 %, igual que Acciona) y las familias Rodés y Godia-Torreblanca.

La Generalitat recibió entonces del consorcio ganador 298,6 millones, pero se apuntó contablemente 1.000 millones, es decir, todos los ingresos esperados durante los 50 años de duración de la adjudicación.

Este revés judicial puede obligar a la Generalitat a devolver de entrada aquellos casi 300 millones que se embolsó en 2012 y puede tener efectos también sobre el déficit público.

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