Suspendido el juicio contra Trinitario Casanova por manipulación de acciones del Popular

El juzgado de lo penal número 29 de Madrid ha decidido suspender el juicio contra el empresario murciano Trinitario Casanova, acusado de difundir supuestamente rumores falsos en 2008 con la intención de aumentar el precio de las acciones de Banco Popular en su beneficio.

Según han explicado fuentes judiciales, el juicio ha sido suspendido por «un cúmulo de circunstancias«, al faltar una prueba pericial y al ser imposible realizar varias declaraciones de testigos que se encuentran en Gibraltar y Portugal.

El fiscal de Anticorrupción Juan Pavía pide para el empresario murciano dos años de prisión por un delito continuado relativo al mercado y los consumidores, al entender que realizó «artimañas informativas, administrativas y financieras» con el objetivo de «detener la devaluación» de las acciones de Banco Popular en su propio beneficio.

La falta de disponibilidad de los testigos y peritos, que «habían sido informados con poco tiempo«, ha supuesto que el magistrado Alejandro Abascal haya decidido aplazar la vista hasta el próximo 25 de abril.

Según fuentes judiciales, esta falta de disponibilidad no es en ningún caso debida a una falta de colaboración, sino a un problema de agenda de los testigos, entre los que se encuentra el abogado y actual ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

Según la investigación, el empresario murciano había suscrito, a través de una sociedad de la que era administrador único, un acuerdo con el holandés Fortis Bank para financiar la compra de más de 42 millones de acciones del Popular por las que el acusado pagó 527,4 millones de euros y se hizo con un 3,5% de la entidad.

Ante la tendencia a la baja de las acciones del Popular, el banco holandés que está actualmente integrado en ABN, y que había financiado con 394,2 millones la compra, pidió a Casanova la constitución de doce depósitos para garantizar la inversión que, de no ser realizados, permitían al banco ejecutar las acciones.

Fue entonces cuando, según el Ministerio Fiscal, el empresario lanzó el rumor al diario Negocio de que un grupo de empresarios, entre ellos el magnate mexicano Carlos Slim, estudiaba lanzar una opa sobre el banco, con una prima superior al 50%, lo que provocó un importante incremento de la cotización del Banco Popular.

Con el fin de «sustentar la noticia», el acusado contrató a un bufete de abogados en Gibraltar y se desplazó a Londres para crear una sociedad con la que «instrumentalizaría la supuesta opa» y comunicó al banco holandés que liberara las acciones para cancelar la deuda, con el argumento de que las había vendido, aunque nunca llegó a deshacerse de ellas.