Telefónica asegura a la CNMV que la corrupción no afectará a sus cuentas, pero en Colombia se juega 457 millones de euros

La CNMV pregunta a Telefónica por la investigación de presuntos casos de corrupción en varios países y la operadora asegura que siguen sus investigaciones pero que en ningún caso afectarán al patrimonio del Grupo. Su filial Colombiana está pendiente de pagar una multa de 457 millones de euros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha pedido a Telefónica información actualizada sobre unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción, y que cuantifique su potencial impacto sobre el patrimonio del grupo.

En su respuesta, publicada hoy por el regulador, la operadora ha asegurado que a la fecha de esta carta «la compañía continúa cooperando con autoridades gubernamentales y prosiguiendo con las investigaciones en marcha», al tiempo que ha descartado que «cualquier posible sanción» en estos caso afecte «de forma material» a la situación financiera del grupo.

«Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier posible sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño», ha señalado Telefónica en la respuesta.

La CNMV había enviado un requerimiento de información actualizada a la multinacional, que en su Informe de Auditoría, Cuentas Anuales e informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2017 había informado de estas investigaciones, sin precisar ni entonces ni ahora los países donde se llevaban a cabo.

Telefónica ha indicado que aunque cuenta «con normativas y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento» de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones, «no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de servicios del grupo no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del grupo».

Entre los riesgos que pueden derivarse del incumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones serían aquellos que pudieran dar lugar a sanciones financieras, la resolución de contratos públicos, dañar su reputación y otras consecuencias negativas para la compañía, ha añadido Telefónica.

La compañía ha explicado que «siempre ha contado con controles y procedimientos encaminados a la prevención de casos de corrupción», y que en los últimos años «ha venido mejorando e incrementado los controles y procedimientos de prevención y lucha contra la corrupción y el soborno en una suerte de evolución natural».

Pago de 457 millones de euros pendientes en Colmbia

El Consejo de Estado de Colombia ha desestimado el recurso de ColTel, la filial de Telefónica en ese país, contra el laudo de un tribunal de arbitraje que le obligaba a pagar una indemnización de 1.615.012 millones de pesos colombianos (unos 457 millones de euros al cambio actual).

Este fallo se suma a la denegación de la acción de tutela reclamada por Coltel (participada en un 67,5 % por Telefónica y en un 32,5 % por el Gobierno colombiano), fallo contra el que la filial de Telefónica ha presentado un recurso.

Así figura en la respuesta de Telefónica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que había pedido a Telefónica que explicase las acciones legales que había emprendido tras el laudo (impuesto en julio de 2017) y actualizase el estado de situación de las mismas.

En su respuesta a la CBNV, publicada por el regulador, Telefónica ha explicado que tras la notificación del laudo arbitral se iniciaron acciones nacionales (por parte de ColTel) y un procedimiento de arbitraje internacional (por parte de Telefónica).

Así, el 18 de agosto de 2017, Coltel «presentó recurso de anulación contra el referido laudo arbitral ante el Consejo de Estado de Colombia, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo, que ha sido desestimado mediante resolución de 24 de mayo de 2018, notificada el 5 de junio».

Además, el 18 de diciembre de 2017, ColTel también presentó una acción constitucional (acción de tutela) con el fin de proteger sus derechos constitucionales que consideraba «comprometidos» por el laudo arbitral, pero el 15 de marzo de 2018 «la acción constitucional fue denegada».

Telefónica ha explicado que ColTel ha presentado recurso contra dicho fallo el 18 de abril de 2018, «sin que hasta el momento se haya resuelto».

En una tercera vía de actuación, de conformidad con el Acuerdo para la Promoción y Protección recíproca de las Inversiones entre España y Colombia (APRI), Telefónica notificó a Colombia su intención de presentar una reclamación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), una vez que expirase el plazo de preaviso de 90 días, establecido en el APRI.

«Expirado el plazo, el 1 de febrero de 2018, Telefónica presentó ante el CIADI la solicitud de arbitraje, que sigue su curso, encontrándose actualmente en proceso de designación del Tribunal Arbitral», ha añadido la operadora.

Tras el laudo, la Asamblea de Accionistas de ColTel aprobó un aumento de capital para proceder al pago de la cantidad fijada en el laudo arbitral.

Telefónica y la nación colombiana suscribieron el aumento de capital en proporción a su respectiva participación accionarial en ColTel.

En la memoria intermedia, publicada en julio de 2018, la operadora explicó que su decisión de participar en la ampliación de capital para proceder al pago de la cuantía impuesta en el laudo «no constituía ni puede entenderse como una aceptación de dicho laudo» y que se reservaba «todos sus derechos y el ejercicio por Telefónica o ColTel de cualesquiera acciones legales, de carácter nacional o internacional».

El procedimiento de arbitraje fue convocado en referencia a unas concesiones de frecuencias de 1994, renovadas en 2004, y que contenían una cláusula de reversión de los activos, a fin de que se definiera la vigencia y ámbito de aplicación de tal cláusula.

Inicialmente, el tribunal arbitral impuso a ColTel el pago de 1.652.981 millones de pesos colombianos (468 millones de euros al cambio actual), pero posteriormente ordenó el pago de 1.651.012 millones de pesos colombianos (467,3 millones de euros al cambio actual) tras apreciar un error aritmético el 4 de agosto de 2017, que le llevó a corregir una cifra ligeramente superior recogida en el laudo original del 25 de julio de 2017, según se recoge en la memoria intermedia publicada en julio por Telefónica.