Telefónica investiga la corrupción entre sus empleados "en varios países"

Telefónica investiga la corrupción entre sus empleados "en varios países"

01 marzo, 2017
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Actualizado: 01 marzo, 2017 19:48
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Telefónica está llevando a cabo «investigaciones internas» en «varios países» sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción. Telefónica no especifica en que países se han producido esos casos de corrupción ni a quien afecta ni la cantidad de los sobornos.
Telefónica, en su informe sobre Gobierno Corporativo de 2016, califica esta situación como uno de los riesgos a los que se enfrenta el grupo de telecomunicaciones presidido por José María Álvarez-Pallete que relevó en el cargo a César Alierta, presidente de la compañía cuando se produjeron estos casos de corrupción. Esn esa información, asegura que tiene intención de cooperar con las autoridades competentes en estos posibles casos de corrupción a medida que prosigan las investigaciones. Telefónica se guarda las espaldas al afirmar que «no es posible» en este momento precedir el alcance o la duración de las pesquisas e incluso tampoco su «resultado probable».
Telefónica «no puede garantizar» que su normativa interna y los procedimientos establecidos sea «suficiente» para asegurar el cumplimiento de las leyes contra la corrupción y la normativa aplicable a sanciones, o que los empleados, consejeros, directores, socios, agentes y proveedores de servicios del Grupo «no actúen» infringiendo la normativa y procedimientos de Telefónica e igualmente infringiendo las leyes en materia de lucha contra la corrupción. En este sentido, ha señalado que Telefónica o sus filiales puedan ser consideradas responsables de estos presuntos hechos delictivos.

Telefónica reconoce que la corrupción de sus empleados le puede afectar directamente tanto a la compañía como a sus empresas filiales

Al respecto, ha afirmado que las sanciones aplicables en estos casos pueden ser financieras, rescisión de contratos públicos, dañar la reputación y otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa al negocio, a los resultados de operaciones y a la situación financiera del grupo.
Entre los posibles casos de corrupción, se encuentran los sobornos a funcionarios -entrega de cualquier cosa de valor- con el fin de obtener o mantener negocios o asegurar cualquier ventaja empresarial indebida. Asimismo, los programas de sanciones económicas restringen las relaciones con ciertos países, individuos y entidades sancionados, es decir, se porhíbe hacer negocios con personas, empresas o países que han sido objeto de investigación y posterior sanción. El grupo afirma que está expuesto a estos riesgos.

Investigación en 2015

Las investigaciones de Telefónica por posible corrupción de sus empleados, que siempre estarían relacionados con la alta dirección, no son nuevos. En 2015 Telefónica comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba realizando investigaciones internas por corrupción, pero sin dar a conocer ningún detalle más y sin realizar más declaraciones sobre el asunto. Casi dos años después de aquel hecho relevante a la CNMV no se sabe nada de aquella investigación. El organismo supervisor de los mercados tampoco le ha reclamado información adicional.

El ‘caso Tosca’

La sombra de presuntos casos de corrupción de Telefónica han sido constante en países iberoamericanos, como el caso de Argentina. No son pocos los medios que han recogido informaciones sobre presuntas financiaciones de las campañas electorales de Cristina Fernández de Kirchner, ahora, por cierto imputada por la Justicia de aquel país por corrupción, asi como varios miembros de su gobierno.
Lo que si es un hecho cierto, es que en marzo de 2016, Telefónica y Eulen eran investigadas por la Guardia Civil en el ‘caso Tosca’. Trabajadores de ambas empresas fueron detenidos por amañar presuntamente contratos públicos, en concreto el contrato del número de emergencias, el 112. Juan Antonio Mata, entonces empleado de Telefónica y detenido en la operación, negó que existiera un concierto delictivo con cargos públicos e incluso, a preguntas de la Guardia Civil, afirmó que no existen contraprestaciones económicas a cambio de la adjudicación. No obstant,e sí aseguró que Telefónica redactó unos prepliegos para el concurso «como ayuda para marcar un modelo y facilitar el trabajo a la Administración«. Este caso sigue abierto.
 

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