Telefónica se adjudica por 138 millones las comunicaciones de la Policía

El Ministerio del Interior ha otorgado a la empresa Telefónica dos de los tres lotes del contrato público destinado a la provisión de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles (voz y datos), acceso y conexión con otras redes públicas y privadas, así como la gestión integral de la seguridad en telecomunicaciones para la Dirección General de Policía. El valor total de estos contratos asciende a casi 138 millones de euros, según consta en el portal de contratación del Estado y ha informado Europa Press.

En detalle, Telefónica ha obtenido el lote relacionado con las comunicaciones unificadas de la Policía Nacional por 112,49 millones de euros. Además, ha conseguido la parte del contrato correspondiente a los servicios de seguridad en tecnologías de la información y comunicación (TIC) en colaboración con TRC Informática, mediante una unión temporal de empresas (UTE), por un importe de 25,49 millones de euros.

El contrato de Telefónica tiene un plazo de ejecución de 48 meses

Por otro lado, el tercer lote, que se refiere a la implementación de una oficina técnica de soporte, se adjudicó a la consultora tecnológica Capgemini por 10,2 millones de euros. Con esto, el valor total de la licitación ha alcanzado casi los 150 millones de euros.

El contrato tiene un plazo de ejecución de 48 meses, a partir del 1 de diciembre de 2024 o del día siguiente a su formalización, según se especifica en la documentación de la licitación, la cual fue negociada sin publicidad.

El Ministerio de Interior cuenta con un proyecto en marcha denominado Servicio Unificado de Comunicaciones para Policía Nacional y Guardia Civil. Según aparece en la web de la Secretaría de Estado de Seguridad, la iniciativa consiste en la contratación del conjunto de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, voz y datos para Policía Nacional y Guardia Civil.

También incluye servicios relacionados con otras redes y acceso a redes públicas y privadas (nacionales e internacionales), salvaguardando los requerimientos de disponibilidad y seguridad de acceso a los sistemas e información intercambiada que afecte los intereses de seguridad del Estado.