Todas las claves del real decreto de la vivienda que prepara el Gobierno

Dicha normativa recogerá las conclusiones y propuestas del grupo de trabajo interministerial que se creó para desarrollar un conjunto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, según ha dicho el ministro ante la Comisión de Fomento del Senado, en la que no ha detallado qué medidas contendrá, aunque ha analizado cambios en la ley de arrendamientos y en la tramitación de desahucios.

En cuanto a los alquileres, el trabajo se ha centrado en la modificaciones que permitan alcanzar el mayor equilibrio entre arrendador y arrendatario, según el ministro.

Así, entre otras medidas, se propone la prórroga obligatoria de los contratos se ampliará desde los 3 a los 5 años y la tácita de 1 a 3; limitar a dos mensualidades la cuantía de las garantías adicionales que pueden exigirse al suscribir un contrato de arrendamiento y que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponderán al arrendador cuando éste sea una persona jurídica.

El ministro ha recordado que Hacienda está trabajando en medidas concretas para mejorar el régimen fiscal en materia de vivienda porque, en su opinión, es importante avanzar en una reforma que contribuya a estimular la oferta de vivienda en alquiler, a la moderación de los precios o a la rehabilitación edificadora.

La tercera línea de trabajo abordada en dicho grupo de trabajo pasa por mejorar la coordinación con los servicios sociales en los casos de desahucios.

«Mi opinión personal es que deberíamos abordar algunos instrumentos de manera inmediata, como puede ser la acción de la justicia y de los servicios sociales», ha afirmado Ábalos, quien ha considerado preciso reforzar la coordinación entre ambos, y ha abogado porque los procedimientos por impago se paralicen en tanto intervengan los servicios sociales.

«De verdad que no nos gustaría que nunca más una tragedia como la que conocimos ayer (lunes)», ha señalado el ministro, quien ha apuntado que han propuesto establecer en Ley de Enjuiciamiento Civil un procedimiento específico para tender a las situaciones en las que el desahucio afecte a personas u hogares vulnerables.

Una mujer de 65 años que iba a ser desahuciada ayer de su casa de Madrid falleció tras tirarse desde su domicilio en el quinto piso de un bloque de viviendas del distrito de Chamberí.

De esta forma, según Ábalos, España estaría en sintonía con las recomendaciones de diferentes organismos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas.

En cuanto a la vivienda de usos turísticos, ha subrayado que parece «inevitable» acotar de forma precisa su exclusión de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

«Especialmente en los entornos de mayor demanda social y en los que más están subiendo los precios, es necesario garantizar que el parque de vivienda se destine mayoritariamente a satisfacer el derecho a la vivienda», ha aseverado el ministro, quien, además, ha señalado la necesidad de seguir trabajando en tareas pendientes como la definición de viviendas vacías.