Un estudio revela el desastre del Plan 2000E de Zapatero y Sebastián

Un estudio revela el desastre del Plan 2000E de Zapatero y Sebastián

13 enero, 2016
|
Actualizado: 13 enero, 2016 0:00
|
PUBLICIDAD

El erario «perdió» unos 300 millones de euros con las ayudas a la compra de coches menos contaminantes que el Gobierno y 15 comunidades concedieron en 2009 con el llamado Plan 2000E, incluso si se descuenta el valor de las toneladas de CO2 que dejaron de emitirse, según una revista. Este plan fue ideado por Miguel Sebastián, el último ministro de Industria del Gobierno de José Rodríguez Zapatero que aún ese año negaba la existencia de la crisis que llevó a España al bordel abismo y rescate financiero por parte de la CE.

La revista internacional «Transport policy» publica en su último número una investigación de las Universidades de Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia) sobre el impacto económico y medioambiental del Plan 2000E, que sus autores presentan como el primer análisis en Europa sobre este tipo de incentivos públicos al automóvil.

El Plan 2000E trataba de responder a la caída de ventas que presentaba la industria del automóvil en España (la octava más importante del mundo) en unos años en los que la crisis económica comenzaba ya a manifestar sus consecuencias mediante ayudas de 2.000 euros a la venta de vehículos: 500 aportados por el Estado, 500 por las autonomías y 1.000 euros por los propios fabricantes.

La iniciativa se justificó además por un objetivo medioambiental: reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera, sustituyendo coches de más de diez años de antigüedad por otros recién fabricados que emitían menor cantidad de gases contaminantes.

Durante su período de vigencia, 461.838 vehículos se acogieron a los descuentos del Plan 2000E, lo que supone que el Estado y las comunidades autónomas se gastaron casi 462 millones de euros en ayudas públicas (1.000 euros por coche), una cantidad igual a la que, supuestamente, debería haber desembolsado la industria.

Los autores de este estudio denuncian que su análisis sobre el comportamiento del precio de los coches en ese período demuestra que estos se encarecieron unos 1.000 euros por unidad; es decir, la cantidad que le correspondía poner al sector como descuento por cada vehículo vendido a través del Plan 2000E.

Con ello, advierten los autores de este artículo, los fabricantes consiguieron transformar en un subsidio a la industria lo que inicialmente debería haber sido una ayuda al consumidor.

Los firmantes del artículo (Juan Luis Jiménez, Jordi Perdiguero y Carmen García) sostienen además que el Plan 2000E solo contribuyó a aumentar un 5 % las ventas del sector, tasa muy inferior al alza del 30 % que necesitaba para que el valor de la reducción de las emisiones de CO2 compensara el esfuerzo de recursos públicos; es decir, para que resultase eficiente económica y ambientalmente.

Desde un análisis del número de coches vendidos, su período de vida medio, los kilómetros que suelen recorrerse al año y las emisiones por vehículo, este estudio llega a la conclusión de que cada tonelada de CO2 que se dejó de emitir gracias al Plan 2000E le costó al contribuyente 602 euros, cuando su precio en los mercados donde se negocian los derechos de emisiones es de 14 euros.

También detallan que los únicos estudios disponibles sobre el impacto de este tipo de ayudas a la venta de coches (hechos en Estados Unidos) demuestran que, como mucho, tienen capacidad para elevar las ventas un 20 %.

Si se hubiera acercado a ese 20 % de incremento de ventas, el Plan 2000E ya habría tenido un coste para el errio de 123 millones de euros, pero con un impacto de solo un 5 % de ventas adicionales, los cálculos de estos expertos arrojan una «pérdida» superior a 300 millones de euros.

«Si el objetivo real del Gobierno es reducir el nivel de contaminación ocasionado por la flota de vehículos, la literatura económica muestra que hay mecanismos más eficientes y menos costosos para el sector. El incremento de los impuestos al combustible y el establecimiento de estándares más exigentes de eficiencia energética son ejemplos de mecanismos alternativos que pueden ayudar a conseguir los objetivos de prevenir la contaminación», sentencian. 

Noticias Relacionadas: