El Ministerio para la Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, tras condenar a la papelera a su cierre en Pontevedra planteará ahora a Ence una salida «ordenada» y un calendario «razonable» de demolición de su fábrica de Pontevedra si el Tribunal Supremo otorga firmeza a las sentencias que han anulado su prórroga.

La tercera de estas sentencias, emitidas por la Audiencia Nacional, se ha conocido este martes y atiende el recurso presentado por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra la autorización otorgada a la pastera para ocupar terrenos de Costas hasta 2073.

Fuentes del ministerio han confirmado a Efe que el nuevo fallo conlleva que, de adquirir firmeza los dictámenes de la Audiencia Nacional, Ence «carecerá de título» para que esta fábrica ocupe terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

«Puesto que la sentencia anula la prórroga y cierra la puerta a que se tramite de nuevo, lo que procede es que el ministerio se pronuncie sobre el destino de las instalaciones, previamente a la reversión de los terrenos al Estado», señalan desde Transición Ecológica.

Dentro de este destino, el Gobierno equipara Ence a lo que ha sucedido con la fábrica electroquímica Elnosa, que compartía el mismo complejo industrial en Pontevedra y de la que apuntan que «está siendo actualmente demolida sin incidencias».

El Ejecutivo central recuerda que «ha quedado probado» que la fábrica de Ence «no requiere» situarse en terrenos de Costas y puede tener otra ubicación, «como lo prueba el hecho de que ésta es la única fábrica de celulosa de España que está en dominio público marítimo-terrestre».

Estas sentencias respaldan además, según celebra el Gobierno, el allanamiento del Abogado del Estado que «no infringe el ordenamiento jurídico» y es conforme a derecho.

Este tercer fallo judicial contra Ence es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y el Estado, debido a que se ha allanado en este procedimiento, no la recurrirá.