Los intentos de estafa al seguro más curiosos y desenmascarados

Los intentos de fraude al seguro se disparan en 2016, si bien el impacto económico fue menor. Según la patronal de las aseguradoras, se estiman que los intentos de fraude se han concentrado en las líneas de negocio más populares socialmente.

En el ramo de automóviles repuntaron los casos detectados en percances de responsabilidad civil con personas lesionadas y en los partes por robo. En prácticamente todas las líneas de multirriesgo -los seguros de hogar, de comunidades de vecinos y de industrias- se han incrementado las reclamaciones ilegítimas al seguro.

Lo mismo se puede decir de otros negocios con amplia presencia entre las familias como los seguros de vida, accidentes, decesos y subsidios. Sólo algunas coberturas de automóviles (responsabilidad civil por daños materiales y otras garantías), los seguros de comercios y las pólizas de salud anotaron una caída de los intentos de estafa.

El ramo de autos continúa siendo el epicentro de los intentos de engaño. En concreto, seis de cada 100 lesiones por accidente de circulación esconden un fraude. A juicio de Unespa, se simula el accidente o bien se exagera el daño padecido. En cuanto a los seguros de vida, se producen un 2% de engaños en la reclamación que recibe la entidad aseguradora. En cuanto a los subsidios y decesos se encuentran parejas, con 1,5 intentos de fraude por cada 100 expedientes.

Las redes sociales desmienten la historia de una chica que había sufrido un grave accidente

Entre los casos más sorprendentes de este 2016, la aseguradora Pelayo destapó el intento de fraude protagonizado por un grupo de cuatro amigos. El chico quiso impresionar a las tres chicas que le acompañaban con su manejo en la conducción. El turismo colisiona y todos resultan lesionados. Su novia, Silvia (nombre ficticio), es la que está más grave. Sufre traumatismo craneoencefálico severo. Pasa varios días en coma. Cuando sale, sus habilidades cognitivas se han visto afectadas: presenta un coeficiente intelectual límite, muestra dificultades importantes para la comunicación, no sabe manejar el dinero ni ubicar el tiempo.

Todos los médicos que valoran el caso pronostican una futura dependencia. No obstante, la gente joven es susceptible de mejorar algo. Pero Silvia no mejora nada y, en una revisión a solas, uno de los médicos nota cambios en su actitud. No se encuentra dirigida en sus respuestas, como cuando va acompañada: reconoce ir a veces sola a rehabilitación, utilizar el transporte público, etcétera. Tras realizar las correspondientes investigaciones en redes sociales, se confirman las sospechas del médico que la revisó a solas.

En sus perfiles en tres redes distintas se ve que hace vida normal: tiene nuevo novio, queda con los amigos, publica fotos con frecuencia, emplea dobles sentidos en su lenguaje… Con la información y el seguimiento posterior de un detective, demuestran que hace vida normal: transita sola por la calle, entra en comercios y paga por sí misma, etc. Las consecuencias reales del accidente, aun existiendo, no han sido tan graves como ella simula.

En los juzgados, el abogado de la chica exigió una indemnización de un millón de euros, mientras que el fiscal exigió 750.000. No obstante, las pruebas que presenta la aseguradora desmontan la tesis de la accidentada, según la cual Silvia depende totalmente de sus familiares. La indemnización final queda en unos 230.000 euros. La sentencia reconoce una incapacidad permanente total. Pero no otorga compensación por ayuda de tercera persona ni por daño moral de los familiares. Tampoco se produce desembolso alguno por gastos ni por intereses.

Otro de estos intentos de fraude lo ha destapado Mapfre. Se trata de la historia de una mujer cuyo empleo dependía de un plan de un  Ayuntamiento en Toledo. La mujer se traslada todos los días a trabajar en coche con su amiga y compañera Eugenia (nombre ficticio).

En uno de los días sufren un accidente con otro vehículo, en el que viaja Luisa (nombre ficticio) quien, casualmente, es la siguiente persona en la lista de empleo del consistorio para el que trabajan.

El caso resultaba extraño porque el golpe se produjo fuera del trayecto natural que une los domicilios de las implicadas con su lugar de trabajo. Al agente encargado del caso le llamó la atención la vinculación entre las accidentadas. Sus familias mantenían una cercana amistad y habían tenido en el pasado negocios en común. Pero lo más destacado era que, para colmo, los dos vehículos involucrados en la colisión iban al máximo de su capacidad.

Además de las tres mujeres, estaban sus maridos y toda la progenie en los coches. Y eso a pesar de que los hijos de una de las implicadas vivían en Sevilla, a ‘solo’ 600 kilómetros del lugar del accidente. «Familia que circula unida…», ironiza la aseguradora. Las pesquisas efectuadas por la compañía de seguros acumulan indicios suficientes para que la juez encargada de dilucidar lo ocurrido apruebe un interrogatorio de todos los implicados. Las declaraciones de las presuntas víctimas del accidente y sus contradicciones hicieron el resto: No se ponían de acuerdo en cuántos y quiénes iban en cada coche, quién conducía en cada caso, en qué lugar fue la colisión.

El dueño de un Porsche que dijo estar de escapada romántica, y fue cazado por una foto en un foro de rallies

Pelayo destapó el intento de una pareja que iba de escapada de fin de semana al volante de un Porsche Caymán. El plan se tuerce cuando, circulando por carreteras sinuosas y difíciles, el vehículo se sale de la carretera y colisiona contra la mediana. Un corte marca todo el lateral derecho de la carrocería. El daño supone 14.000 euros, pero el coche estaba a todo riesgo. Una vez llamada a la grúa creció el nerviosismo.

Tras siete minutos de conversación con la operadora y en un momento de espera, de fondo, se oye la frase: «Y en el último tramo…». Esta frase encendió las alertas del agente encargado del caso. ¿Tramo? Ese es un término que se emplea en una competición, no cuando uno hace escapadas bucólicas con su pareja. Comienza así la investigación por internet de rallies celebrados por la zona en las mismas fechas en que ocurrió el accidente.

El proceso es arduo, pero efectivamente se disputó un rally, pero sin mención alguna a la salida de pista de un Porsche. De esta forma, se ponen a buscar en foros. La consulta tiene éxito. A través de un hilo de conversaciones sobre seguros para competiciones deportivas se averigua que, efectivamente, hubo un accidente en el rally localizado. ¿Pero se vio afectado el mismo coche? Sí, un Porsche Caimán se salió de pista. ¿Y hay pruebas? Gracias a un aficionado que sube una imagen al foro, también.

Ahí estaba el Porsche Caimán con los mismos daños que los declarados. Eso sí, este vehículo iba trufado de pegatinas de la competición y de los patrocinadores de turno. El seguro de un automóvil excluye explícitamente los accidentes producidos en eventos deportivos. El dueño del Porsche lo sabía. Por eso, retiró todos los distintivos de la carrocería que delataban su participación en una carrera. Luego, volvió a colocar el coche en el mismo punto donde se salió de pista y llamó al seguro alegando que la colisión había sido producto de un accidente de circulación ordinario. La jugada no le salió.

Documentación falsa, destapada por la misma firma en dos expedientes

En cuanto a la sección Diversos, Reale Seguros destapó un fraude en Gran Canaria. La entidad recibió una reclamación por daños en el muro perimetral de una vivienda de la provincia de Las Palmas por derrumbe como consecuencia de las lluvias. Se abrió oportunamente el expediente del siniestro y se designó un perito. Tras el cierre de la verificación técnica, se envió un burofax rehusando el siniestro debido a que no se produjo a consecuencia de las lluvias sino por un defecto de la construcción de la vivienda.

Paralelamente a todas estas gestiones se recibió una carta del asegurado en la que se adjuntaba un informe pericial y un nombramiento de perito conforme el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro. El documento recibido resultaba inusual y, por eso, se decidió analizar con más detalle. Fruto de ese análisis se identificó la misma firma del asegurado en otra designación reciente de perito para otro siniestro del mismo ramo y otra póliza de distinta titularidad. La comprobación permitió certificar que la firma que acompañaba la documentación era falsa.

El trabajo de la investigación permitió determinar de igual forma que la firma del perito de dicha designación también era falsa y se logró demostrar relación directa entre las tres figuras (persona que firma la designación con grandes conocimientos sobre seguros, perito y asegurado). A la vista de lo averiguado, se mantuvo una entrevista con el asegurado, que terminó firmando su renuncia expresa a la designación contemplada en el mencionado artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro y a los 156.000 euros que reclamaba.

Falso robo de mercancía de una empresa de Valencia

Una empresa de fertilizantes y agroquímicos de la provincia de Valencia envía dos contenedores a Jalisco (México). El cargamento llega al puerto de Altamira, en el Estado de Tamaulipas (México) y es depositado en su correspondiente trailer. Pero el conductor no llegará a su destino. En el camino, varios individuos secuestran el camión. La aseguradora española cubría el transporte hasta el puerto de México y el posible impago de la factura por el comprador. El siniestro, sin embargo, no es comunicado a la aseguradora española hasta pasados siete meses del suceso. La empresa justifica el retraso argumentando que había reclamado primero la indemnización a la aseguradora del transportista mexicano. Sin embargo, las sospechas se acumulan a partir de ahí.

La empresa no aporta prueba de haber hecho gestión alguna con una aseguradora mexicana. El camión en el que se transportó la mercancía carecía de sistema de geoposicionamiento (GPS) y, por tanto, incumplía las medidas de seguridad. El asegurado en España reclama una indemnización cercana a los 115.000 euros alegando que el comprador no le había pagado. Pero el comprador era una filial suya, casi al 100%. Se trata, pues, de una operación intragrupo. No de un negocio con terceros. El asegurado, además, no aporta documentación que demuestre el motivo del impago.

Llama la atención también el estado del contenedor. Había sido llenado en Valencia y debía vaciarse en Jalisco. Es decir, no era necesario trasvasar la carga en momento alguno. La naviera que hizo el traslado informa, en cambio, que los dos contenedores empleados le fueron devueltos vacíos al día siguiente del robo en perfectas condiciones. Ninguno de ellos presentaba señales de haber sido forzardo. Además, aunque la empresa declaró que sólo le robaron el cargamento de uno de los contenedores, reclamaba que se le indemnizara por la pérdida de toda la carga.

La investigación sobre el terreno en México despierta más sospechas. La comisaría donde se interpuso la denuncia del secuestro era una oficina desierta. Ya no estaba operativa. Tanto el nombre del conductor como el del dueño de la empresa de transportes eran identidades ficticias. Para más inri, el agente de aduanas de Tamaulipas no conocía las empresas transportistas implicadas. Igualmente, la zona donde supuestamente se produjo el secuestro estaba altamente vigilada tanto por la Policía como por el Ejército mexicanos por ser un lugar donde su personal almuerza habitualmente. Además, se logra confirmar que la mercancía robada había sido vendida por el 50% de su valor en algunos pueblos de la zona y que la filial sí había pagado a su matriz el cargamento. Se rechaza entonces el siniestro. La empresa valenciana trataba de cobrar dos veces por la misma mercancía presentando un siniestro falso.

El empleado muerto mientras recargaba botellas de oxígeno para su negocio personal

Mapfre aflora un fraude en Tarragona cometido por una empresa pesquera. Debido a sus actividades de acuicultura, dispone de instrumentos de recarga de botellas de aire comprimido. Un día uno de sus empleados fallece en las instalaciones a consecuencia de una explosión mientras rellenaba, precisamente, botellas de buceo.

La aseguradora no tiene constancia de la desgracia hasta un año después, cuando la familia del empleado fallecido demanda a la empresa. Reclamaba el pago de 90.000 euros y alegaba incumplimiento grave de la compañía en materia de seguridad e higiene. Apuntan al deficiente estado del compresor como causa del accidente laboral. En una entrevista personal, la dirección de la empresa advierte que no comparte la versión de los demandantes. Argumenta que el siniestro se produjo fuera del horario de trabajo.

Añade que el empleado fallecido accedió a las instalaciones sin consentimiento para hacer un uso privado de las mismas. De hecho, el trabajador tenía un negocio propio de inmersión deportiva. Así lo probaban varios vídeos y fotografías colgadas en internet. Un análisis técnico de las circunstancia permitió demostrar que, efectivamente, el fallecido realizaba un uso particular del material de la empresa y que, además, la muerte se debió a un error humano durante la recarga de las bombonas. Dos sentencias judiciales (primera y segunda instancia) fallaron a favor de la aseguradora y constató el intento de engaño.

La falsa muerte por la que exigían el seguro de 150.000 euros

Un hombre treintañero suscribió en Navarra una póliza de vida en caso de muerte de 150.000 euros con Generali. El beneficiario era el padre de la supuesta víctima y se contrató tan solo seis meses antes de su muerte, ocurrida supuestamente en Colombia.

El tramitador del siniestro solicita la documentación oportuna para la gestión del expediente y la familia aporta todo mediante fotocopias autenticadas por notarios del país sudamericano, por el consulado español y por un notario español. Lo que más sorprende al tramitador es la rapidez y facilidad con la que la familia reúne todos los documentos. Sobre todo porque algunos no son los habituales y porque todos ellos venían debidamente certificados. Demasiado perfecto para ser verdad.

Surge así la sospecha de que la documentación podría ser falsa y que estaba preparada de antemano. Se contrata entonces a un gabinete de detectives que procede a rastrear el origen y verificar la validez de la documentación. El resultado de las pesquisas apunta a que el asegurado, realmente, no ha fallecido y que los documentos han sido manipulados. El padre del fallecido, finalmente, renuncia a la indemnización. La investigación logró destapar la existencia de una
trama organizada que operaba en varios países, que reunía documentación y certificados originales para simular el fallecimiento de personas y reclamar así indemnizaciones por seguros de vida en España.

El autónomo que intentó estafar a Mapfre, empresa para la que trabajaba

Un autónomo que trabajaba como agente de seguros en la provincia de Valencia contrató una póliza de baja laboral un 30 de diciembre. Emitió la póliza con su propia clave. En septiembre del año siguiente afirmó estar de baja. Cuando le telefoneó la aseguradora para ver qué tal se encontraba y tramitar el expediente, resultó estar en su puesto de trabajo “haciendo unos trámites”, en lugar de en su domicilio recuperándose. Justo después de la llamada, cesó la baja.

Transcurrido medio año volvió a ponerse enfermo. En esta ocasión el motivo de la baja era que lo había arrollado un autobús de la EMT cuando iba conduciendo su moto. Las lesiones eran una contusión craneal y policontusionado. La aseguradora volvió a ponerse en contacto con él para solicitarle la información médica correspondiente a este percance. Pasan los días y no remitía los documentos, si bien sí leía su correo electrónico de su empresa (la propia aseguradora a la que reclama la indemnización). En ese momento, el asegurado empieza a reclamar anticipos con cargo a su indemnización final.

La entidad contrata un detective que puede constatar que el presunto lesionado no sufre las lesiones ni los mareos de los que se queja: conduce su automóvil, sale a correr, se ejercita realizando flexiones… La aseguradora corrorobora con su jefe que, efectivamente, ha estado trabajando los días en que alegaba haber estado de baja. Su intención era compaginar sus ingresos habituales con una suerte de sobresueldo del seguro fingiendo bajas falsas por enfermedad. La compañía de seguros finalmente rehúsa proceder al pago de indemnización alguna y, además, prescinde de sus servicios como colaborador.

El suicidio disfrazado de accidente laboral

Reale Seguros recibe noticia del fallecimiento de su asegurado en su centro de trabajo y durante su horario laboral. La única información que recibe de la causa de la muerte era que se había caído de una azotea. Se recaba el informe del médico forense que determina que se trata de un suicidio. El juzgado acuerda sobreseimiento del caso, pero la familia del fallecido recurre la resolución solicitando que se tome declaración a los testigos y que se informe de la inspección de trabajo.

Aunque la policía tiene claro que fue un suicidio por las manifestaciones que le aportan testigos en relación a que el asegurado había padecido episodios de depresión en el pasado y que se encontraba medicado, la aseguradora realiza sus propios informes con peritos e investigadores que terminarán siendo determinantes para la resolución. No se trató, por lo tanto, de un accidente laboral como confirmó en su sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.