Un juez da un día de plazo a Iberdrola y a UGT y CCCO para firmar el VIII convenio colectivo

El juez ha instado a los sindicatos CCOO y UGT y a Iberdrola a alcanzar un acuerdo antes de este viernes en la demanda por la tabla salarial del VIII convenio colectivo, que aplica una reducción del 10 % para los nuevos ingresos en la compañía desde el 1 de enero de 2021.

En la Audiencia Nacional se ha celebrado la vista sobre este convenio, firmado por los sindicatos mayoritarios en 2020 (SIE, Atype y USO), que para CCOO y UGT genera una «disparidad retributiva» que afecta a cerca de 1.400 de los más de 8.900 trabajadores de Iberdrola en España, el 15,5 % del total.

La tabla salarial de Iberdrola del VIII convenio colectivo aplica una reducción del 10% para los nuevos ingresos en la compañía desde el 1 de enero de 2021

Estos sindicatos, que denuncian que se trata de una discriminación «injustificada» entre trabajadores de la eléctrica, decidieron impugnar el convenio tras imponerse en las últimas elecciones sindicales, en las que han pasado a contar con mayoría en la futura mesa negociadora.

Los sindicatos firmantes del convenio en 2020, SIE y Atype, han bajado hasta el 31,61% de la representación y USO se ha quedado fuera de la mesa. 

Sigue el caso Villarejo

Mientras negocia con los sindicatos, Iberdrola sigue pendiente del caso Villarejo. Aunque la causa contra su presidente, Ignacio Sánchez Galán, fue archivada por prescripción de los supuestos delitos, ayer se conoció que el exdirector de Control Corporativo de Iberdrola José Antonio del Olmo, al que la eléctrica acusó de sustraer facturas confidenciales, se sentará en el banquillo por revelación de secretos y apropiación indebida de documentos, según un auto del pasado 8 de febrero. Esas facturas reflejaban los pagos de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán a a Casesa y Cenyt, empresas vinculadas al excomisario José Manuel Villarejo.

El auto del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid acuerda la apertura de juicio oral, aún sin fecha y, si bien mantiene a Del Olmo en libertad provisional, le impone una fianza de 50.000 euros.

En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para Del Olmo un total de seis años de cárcel, tres por cada uno de los delitos, y sendas multas de 250.000 euros, 500.000 en total, cuantía que se justifica por el «abultado patrimonio inmobiliario del que es titular».