El juzgado del distrito de Massachussets ha permitido de forma cautelar a Vineyard Wind, participada al 50 % por Avangrid, filial de la multinacional española Iberdrola, reanudar las obras de un parque eólico marino en EEUU que habían sido suspendidas por la Administración de Donald Trump.
Se trata del proyecto Vineyard Wind One, que ya está completado al 95 % y que se encuentra produciendo energía para hogares e industrias de Nueva Inglaterra, según han informado fuentes de Iberdrola.
El juzgado ha otorgado la medida cautelar solicitada este mismo mes por Vineyard Wind, participada también por Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) ante una orden de suspensión que quedó remitida el pasado diciembre por la Oficina de Gestión de las Energías Marinas del Departamento del Interior (BOEM, por sus siglas en inglés).
Esta decisión judicial permitirá continuar todas las actividades de construcción, puesta en marcha y producción inmediatamente, según Iberdrola.
Vineyard Wind, participada por Avangrid, filial de Iberdrola, recurrió la paralización de las obras
La sociedad Vineyard Wind continuará trabajando con la Administración para una resolución rápida y permanente del procedimiento, han dicho las fuentes.
El parque seguirá produciendo energía y continuará con la construcción del 5 % restante del parque «tan pronto como sea posible, manteniendo la seguridad como prioridad clave, para poder suministrar energía asequible y segura».
Vineyard Wind presentó una solicitud de orden de restricción temporal y de medidas cautelares preliminares ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachussetts, ya que consideraba que la decisión del Gobierno de Trump, el pasado 22 de diciembre, vulneraba la legislación y que de no suspenderse pronto provocaría un perjuicio inmediato e irreparable al proyecto y a las comunidades.
El Gobierno de EEUU suspendió el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts.
El Departamento del Interior amparó su decisión en «los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados».
