Un juzgado de Madrid ha citado el próximo 10 de junio a Ángel y Javier Escribano, dueños de EM&E, como investigados por un posible delito de fraude en la venta al Estado de respiradores durante la pandemia de coronavirus, un caso en el que también está imputado Alfonso Jiménez Palacios, jun exalto cargo de Sanidad con Sánchez y Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad.
El tribunal de instancia nº 49 de Madrid admitió el pasado 29 de abril una querella que se dirige también contra el exdirector del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), Alfonso Jiménez Palacios, y contra EM&E como entidad jurídica.
La querella sostiene que en abril de 2020 EM&E, empresa de los hermanos Escribano, firmó un contrato con INGESA para el suministro de unos 5.000 respiradores «por un importe de 36.054.007 euros, es decir, a un precio total de 7.210,80 euros por cada respirador», aparatos que la empresa adquirió a Hersill, compañía especializada en suministros médicos, por 1.714,64 euros cada uno.
Esto supone que los Escribano compraron un sobreprecio de 5.496,16 euros por respirador, cerca de 28 millones de euros, afirma el escrito, que destaca que Hersill proporcionó directamente al Estado respiradores durante la pandemia, por lo que no se entiende que en esta transacción actuara EM&E como intermediario.
En el auto de admisión de la querella el magistrado ve indicios de un presunto delito de fraude, pero descarta los de malversación y prevaricación.
‘Pelotazo en Indra’ de los Escribano
Los Escribano también hicieron un gran negocio en Indra, tras intentar primero si fusión. Tras fracasar ésta, la venta de poco más del 14% de la tecnológica pública controlada por la Sepi les habría reportado unos beneficios superiores a los 900 millones de euros.
