Sindicatos independentistas del País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, Valencia y Baleares han reclamado este martes una reforma del Estatuto de los Trabajadores que posibilite la fijación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio en sus respectivos territorios, eso sí, siempre de cuantía superior al estatal, rompiendo con otra iniciativa más de las muchas ya concedidas por Pedro Sánchez la unida de mercado, y la igualdad y solidaridad entre territorios y españoles.
Dirigentes de los sindicatos que están en la órbita de la proetarra Bildu, como ELA, LAB, Steilas y Etxalde, convocantes de una huelga general en el País Vasco y Navarra el próximo 17 de marzo por un SMI propio, han comparecido conjuntamente en Bilbao, desde donde han conectado por videoconferencia con miembros de la CIG gallega, Intersindical Catalana, IAC, Intersindical Valenciana y STEI Baleares para anunciar que con dicho fin van a pedir reuniones en Madrid a los partidos políticos en el Congreso, con la excepción del PP y Vox, los dos únicos partidos que, a diferencia del PSOE, no acceden a sus pretensiones de extorsión y chantaje. Más que estos sindicatos independentistas digan que no se quieren reunir con PP y VOX, esta la realidad de que estos partidos nunca negociarían con ellos.
El sindicato proetarra ELA presume de que la gobernabilidad de España de la mano de Pedro Sánchez se sustenta en las fuerzas independentistas
«Hoy la gobernabilidad en el Estado se apoya en fuerzas soberanistas, independentistas», ha argumentado el secretario general del sindicato proetarra ELA, Mitxel Lakuntza.
Los promotores también pedirán un encuentro con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pese a ser «conscientes de que no es favorable» a mantener estructuras salariales diferentes en los distintos territorios, ha admitido el dirigente sindical.
Dichas organizaciones, que se presentan como «sindicatos de naciones sin Estado», han acordado un manifiesto, en el que reclaman la reforma del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la fijación y revisión del SMI en España.
Los sindicatos independentistas piden un SMI propio para su «descentralización» y su mayor cuantía
La iniciativa legislativa que promueven plantea un cambio normativo para hacer «más justo» el SMI mediante la descentralización y mejora de su cuantía, según explican.
«Ahora que se debatirá la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores como consecuencia de la directiva (UE) 2022/2041 -sobre salarios mínimos adecuados en la Unión Europea-, creemos que urge abordar el debate sobre la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer un SMI Propio», señala el manifiesto.
Según se indica, las Comunidades Autónomas deben de poder disponer de los mecanismos e indicadores que permitan adaptar el SMI a su realidad económica y social y sus revisiones y aplicación tienen que garantizar el incremento automático e inmediato en las tablas salariales.
Los sindicatos nacionalistas reclaman, además, la derogación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y la utilización del SMI como «única referencia» de indicador público a efectos de fijar la cuantía de cualquiera tipo de prestación social pública.
En su manifiesto, sostienen que «cada año que pasa es más evidente la insuficiencia de las cuantías en las que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para afrontar justamente los altos costes de la vida».
«Un SMI único para todo España es centralista y negador de la realidad plurinacional del Estado»
«Y cada año -añaden- asistimos a la puesta en escena del llamado diálogo social, que con acuerdo o sin acuerdo, va sumando más incapacidad para corregir las desigualdades sociales crecientes».
Para los sindicatos independentistas, la existencia de una regulación estatal única, a su juicio, «centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado», junto con las sucesivas reformas laborales, «conforma una legislación laboral que normaliza la precariedad laboral y los bajos salarios a través de la imposición del trabajo a tiempo parcial y de los contratos fijos discontinuos».
En este contexto, según indican, la carestía de la vida, «la creciente especulación» y el crecimiento de los precios para acceder a una vivienda reducen el poder adquisitivo de los salarios.
Consideran, por ello, que son «urgentes cambios radicales» en las políticas públicas en el Estado que superen el llamado «mercado único español», que, en su opinión, «uniformiza las desigualdades económicas y sociales para todos los territorios».
