Varapalo del TJUE a Colau a costa de los VTC

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado este jueves que limitar el número de licencias a los vehículos de turismo con conductor (VTC) en función de las que se otorguen a los servicios de taxi en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) es contraria al derecho de la Unión Europea. Esta fue una norma implantada por el Ayuntamiento de Barcelona gobernado por Ada Colau.

El tribunal señala que la limitación de las licencias de VTC a una por cada treinta de taxi «no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente», al ser un motivo de carácter puramente económico.

La sentencia responde a la cuestión prejudicial que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le plantó al TJUE ante la demanda la sociedad Prestige and Limousine -que opera Cabify- contra el reglamento del AMB para limitar el número de VTC en la región metropolitana de Barcelona.

En cambio, la exigencia de una autorización adicional sí «puede resultar necesaria para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente».

En este sentido, los jueces aclaran que esa autorización «debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB».

Las VTC se pueden limitar, pero con criterios lógicos y objetivos

El TJUE añade que «es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte», como limitaciones de estos servicios durante determinadas franjas horarias o incluso restricciones de circulación en determinados espacios.

La sentencia aún no modifica de facto la situación, puesto que la ratio 1/30 se encuentra recogida en una ley estatal, pero si que va a promover que, tanto el Gobierno estatal como las comunidades autónomas y ayuntamientos, intenten regular de nuevo estos sectores a través de otras normas, según Emilio Domínguez, abogado experto en movilidad y transportes.

Esas nuevas regulaciones podrían incidir en limitaciones cualitativas al sector o añadir otras cuantitativas, siempre que se asienten en la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente, añade Domínguez.

«Seguramente en unos años veremos más VTC y más taxis en nuestras ciudades, pero sin aumentar la huella de carbono», agrega.

El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en funciones, David Pérez, ha asegurado que la sentencia no afecta directamente a la región y ha reafirmado la voluntad del Gobierno autonómico de «no incrementar el número de autorizaciones de VTC».

Ha explicado que Madrid ha sido la única comunidad que, en previsión de que pudiera haber en el futuro una sentencia semejante a esta que afecta a Barcelona, ya contempló la posibilidad de poder rechazar un aumento de autorizaciones de VTC, atendiendo a unos «criterios objetivos» relacionados con la población o con la existencia de otros sistemas de transporte.

Taxis y VTC, satisfechos

Las patronales del sector de VTC, Feneval y Unauto, han celebrado la sentencia, tras la cual consideran que el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad y no en base a los intereses del taxi.

Dado que la sentencia recuerda que cualquier restricción al mercado debería estar amparada en una razón imperiosa de interés general, opinan que «pondría en cuestión gran parte de las restricciones que en los últimos años las autoridades de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia han impuesto a las VTC».

También el sindicato de taxistas de Barcelona Élite Taxi se ha mostrado «satisfecho» con la sentencia, al estimar que permite la limitación de las licencias de VTC para proteger el medio ambiente o regular el tráfico.

Su portavoz, Tito Álvarez, ha recalcado que el tribunal avala que en el área metropolitana «los ayuntamientos puedan restringirlo por razones de congestión del tráfico, medioambientales, de ocupación del espacio público y de seguridad vial». «En Cataluña, se ha trabajado muy bien. Aquí los hemos neutralizado y no va a entrar ni una VTC más», ha asegurado.

Los taxistas piden más normas fuera de las áreas metropolitanas

Pese a esta valoración positiva, Élite Taxi ha convocado para el próximo miércoles una marcha lenta de taxis en Barcelona para reclamar al Gobierno que elabore una norma que «proteja» a los taxistas de fuera de las áreas metropolitanas, ya que es el Ministerio de Transportes el que tiene competencias sobre el transporte interurbano.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi) ha advertido de «la posible irrupción masiva de autorizaciones VTC» que, ya denegadas, pueda resultar de la interpretación de la sentencia.

Aunque la sentencia declara legal la licencia urbana establecida en la AMB y abre la puerta a su solicitud en otras regiones, «preocupa de forma notable a los intereses del sector del taxi», ha agregado.

Para evitar que se aprueben miles de autorizaciones VTC que alteren una movilidad urbana «equilibrada», Antaxi pide a las administraciones públicas competentes «una regulación que garantice este equilibrio en la movilidad y su compatibilidad con los objetivos medioambientales de España y la Unión Europea».