Veinte días sin el informe de resolución de Banco Popular

Bruselas aún no ha hecho público el informe de resolución de Banco Popular, un texto clave para dirimir responsabilidades de cara a demandas judiciales. Más cuando la resolución se llevó a cabo a raíz de un informe provisional de Deloitte.

La Junta Única de Resolución, JUR, el organismo que liquidó al Banco Popular, obligando a accionistas y bonistas a perder toda su inversión, aún no ha dado a conocer el polémico informe de Deloitte que valoraba a la entidad financiera en -8.000 millones de euros.

Cremades & Calvo-Sotelo, despacho que representa de momento a 7.000 accionistas de Banco Popular, ha exigido al BCE, la Junta Única de Resolución (JUR), la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y la Comisión Europea (CE) que faciliten el informe oculto, según recoge Cinco Días. Según la normativa, la Comisión Europea tiene que dar una respuesta a su petición en un plazo de 15 días.

Desde el bufete Navas & Cusí han puesto el foco no solo en Banco Santander, sino en la nueva vía al poder derivar responsabilidad subsidiaria a Bruselas. El reglamento 806/2014 del 15 de julio de 2014 del Parlamento Europeo y el Consejo sobre la Junta Única de Resolución del Mecanismo Único de Resolución (MUR) establece que la Comisión Europea compensará los daños provocados a los inversores por la resolución del Banco Popular.

Para ello, «sólo exige que un juez nacional haya acordado una indemnización o que dichos daños hayan sido concertados con la Junta o mediante acuerdo amistoso. Y obviamente que sea consecuencia de actos u omisiones del proceso de resolución». Según el despacho, «los accionistas, bonistas, titulares de obligaciones convertibles o ‘CoCos’ (bonos convertibles contingentes) podrán verse resarcidos subsidiriamente por Bruselas, previa reclamación judicial».

Asimismo, este despacho ha puesto de manifiesto «el agravio comparativo» entre la actuación del MUR en Banco Popular con los dos bancos del Véneto en Italia, que han sido liquidados y vendidos a Intesa San Paolo por tan solo un euro, al tiempo que se han concedido casi 5.000 millones al primer banco italiano y se reservan 12.000 millones en un colchón. Todo el montante saldrá del bolsillo de los contribuyentes, pese a que Bruselas y el BCE aseguraron que los rescates no iban a costar más dinero al contribuyente.