El juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ha citado el próximo 2 de junio como imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien gobernó y lideró al PSOE entre los años 2004 y 2011, por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra.
En este momento se están registrando la oficina del exjefe del Ejecutivo y otras tres sedes mercantiles, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.
La imputación de Zapatero, orden del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional
La imputación ha quedado decidida por el juez José Luis Calama, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra y prorrogó hasta el 28 de mayo la instrucción del caso.
En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría utilizarse para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.
En su día, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid investigó el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, si bien acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Reabierta la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, la jueza se inhibió posteriormente en favor de la Audiencia Nacional.
Después de más de un año de investigación, en diciembre de 2025 el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez quedaron detenidos -y posteriormente puestos en libertad- por los agentes de la UDEF, en una operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
En el marco de esta operación varios agentes de la UDEF acudieron a las oficinas centrales de la aerolínea para tratar de recabar información fiscal de la compañía, cuyo análisis llevó a la jueza a considerar que este asunto tiene mayores ramificaciones que las recogidas inicialmente en la querella.
