Zapatero y Sebastián cuestan a los españoles otros 109 millones

Esta cantidad resulta de sumar las indemnizaciones fijadas en dos sentencias del Tribunal Supremo y en otra de la Audiencia Nacional.
Estas tres sentencias se suman a otras dos del Supremo que se dieron a conocer la semana pasada y que condenaron al Estado a pagar más de 42 millones a Repsol Butano.
En la sentencia de la Audiencia Nacional, la sala de lo Contencioso-Administrativo condena al Estado a pagar 79,9 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los daños originados a Repsol tras la modificación del precio del butano para el cuarto trimestre de 2009 y 2010.

Una orden ministerial nefasta

En el documento, los magistrados consideran probado que la orden ministerial que estableció los nuevos parámetros para dichos ejercicios ocasionaba pérdidas al introducir un desfase entre los costes y los beneficios procedentes de la venta del producto al consumidor, un perjuicio cuya recuperación «no está acreditada».
En este sentido, la sala afea el comportamiento de la Administración, ya que aunque se esté en un sector regulado, dice, debe alentar a la iniciativa empresarial y no disuadir la entrada de nuevos operadores en el mercado.
Por ello, desestima las pretensiones del Abogado del Estado al valorar que el perjuicio patrimonial deriva «directa e inmediatamente» del sistema propuesto, por lo que dicta la citada condena con el fin de compensar «adecuadamente a la empresa reclamante, tanto por el daño emergente como por el lucro cesante».
En términos similares se pronuncian los jueces del Tribunal Supremo en otras dos sentencias conocidas hoy en la que reconocen el derecho de Repsol a percibir 29,6 millones de euros más intereses por los daños causados al aplicar las revisiones para el segundo y el tercer trimestre de 2012 que continuaba con el sistema diseñado por el ministro Miguel Sebastián.

Causó falta de competencia en el sector

Estas nuevas sentencias se conocen apenas una semana después de que el Alto Tribunal ordenase al Estado reparar con más de 42 millones de euros a la compañía petrolera por la revisión del precio máximo de venta de este tipo de gas en la primera mitad de 2011.
Los magistrados consideraron que el Gobierno excedió los «límites de la razonabilidad y la proporcionalidad» al imponer a los suministradores la venta a pérdidas durante un período prolongado.
Entre sus argumentos, consideraron que este hecho no sólo agravó la situación de falta de competencia en el sector, sino que «dificultó la incorporación de nuevos operadores alternativos».