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El Supremo tira de las orejas a la Fiscalía por no calcular correctamente la Declaración

El Supremo tira de las orejas a la Fiscalía por no calcular correctamente la Declaración

13 junio, 2016
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Actualizado: 13 junio, 2016 14:48
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El Tribunal Supremo ha anulado las condenas a tres años de cárcel y multas que la Audiencia Nacional impuso en 2015 a dos ex directivos en España de la multinacional de CD Verbatim por un «delito continuado contra la Hacienda Pública». El Alto Tribunal tira de las orejas a la Fiscalía por no realizar correctamente el cálculo de las cuotas defraudadas, «por lo que no es posible tener acreditado, más allá de toda duda razonable, que su importe anual  superó los 120.000 euros», cantidad mínima exigida por la ley para cometer el delito fiscal.

La Audiencia Nacional condenó a Alejandro Jesús L.Q.; Luis F.E.; Víctor B. A; y José Luis C. a tres años de cárcel cada uno por delito fiscal. Y a Gilberto F. S. y Nicolae D.B. a penas de dos años por el mismo delito, además de multas que recayeron sobre la empresa Verbatim.

«El cálculo de las cuotas defraudadas no se ha realizado correctamente, por lo que no es posible tener acreditado, más allá de toda duda razonable, que su importe anual superó los 120.000 euros que exige la ley penal» para considerar que un fraude a la Hacienda Pública es delito fiscal, dice el Supremo en su fallo absolutorio.

Ello determina la absolución de los acusados y deja también sin efecto, según falla el alto tribunal, las condenas impuestas a Verbatim España S.A. en relación con el pago de las multas y como responsable civil, lo que exonera a la citada multinacional de abonar millones de euros.

El Supremo anula la sentencia de la Sala de lo Penal Sección Tres de la Audiencia Nacional que consideró que los directivos de Verbatim España idearon un sistema para permitir la venta de los productos en nuestro país a un menor precio mediante la falta de ingreso del IVA.

El tribunal detalla en su sentencia que el cálculo de las cantidades defraudadas, que no se ha hecho correctamente, es responsabilidad del tribunal penal y no puede ser realizado atendiendo solamente a algunas operaciones aisladas de los acusados, sino teniendo en cuenta toda la actividad del contribuyente sujeta al impuesto en cada año natural.

«Habría sido preciso examinar todas las operaciones de cada ejercicio», algo que no fue realizado por la Audiencia Nacional, «sin que esta sala disponga de datos para ello», dice el Supremo en lo que resulta ser un reproche a la Audiencia Nacional, cuyo defectuosa práctica jurídica determina «la absolución de los acusados sin que sea necesario examinar los demás motivos del recurso».

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