¿Es seguro el 016?

La defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha alertado en su Informe Anual 2016 de que las llamadas efectuadas al 016 no quedan reflejadas en la factura telefónica, pero sí grabadas en los registros de los fijos o móviles desde los que se establece la comunicación.Así se incluye en el balance anual de esta institución, en el que se refleja que las quejas remitidas bajaron un 7,5% en 2016 hasta las 16.485, mientras que aumentaron un 17,8% las recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las administraciones, que sumaron 1.771.
Entre los asuntos que han despertado más inquietud en la ciudadanía, Becerril ha destacado la lentitud de la administración de justicia, los problemas fiscales, los cortes de suministro eléctrico, los tiempos de espera para operaciones quirúrgicas, el voto de las personas con discapacidad, los ruidos en las grandes capitales, la contaminación atmosférica y los problemas de vivienda.
La defensora ha llevado su documento a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, y ha recordado que la institución tarda una media de 28 días en responder a los ciudadanos y 48 en emitir una resolución tras recibir respuesta administrativa.

El Defensor del Pueblo incrementó en un 67 % sus actuaciones de oficio hasta alcanzar los 872 expedientes y tramitó 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, un 20,4 % menos que en 2015

Atendió a 554.788 personas a través de sus diferentes canales de atención al ciudadano y, por primera vez, realizó encuestas y consultas sobre temas de interés en los que han participado 23.000 personas.
Las autonomías que presentaron un mayor número de quejas fueron Madrid (5.216), Andalucía (2.165), Cataluña (1.425) y la Comunidad Valenciana (1.375).
En el extremo opuesto, con un menor número de quejas, se situaron La Rioja (100), Navarra (156), Cantabria (196) y Baleares (282), además de las ciudades autónomas de Ceuta (43) y Melilla (83).
Por otro lado, el informe indica que las administraciones que entorpecieron el año pasado su labor son: la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, las comunidades de Madrid y Canarias y una treintena de ayuntamientos.